Todos los teóricos contemporáneos de la democracia coinciden en señalar que el momento clave para el desarrollo de las democracias modernas se da a fines del siglo XVIII, a raíz sobre todo del surgimiento de la democracia americana (de los EE.UU.), momento en que se introduce definitivamente la idea de la representación y las instituciones que la hacen posible. En efecto, el gobierno del "demos" (eso significa etimológicamente "democracia"), del pueblo como soberano, no es posible en unidades políticas mayores como los estados modernos, porque la masividad de los individuos que lo componen convierte en inviable una democracia directa o "asambleística", en la que todos concurran a la adopción de las decisiones que obligan a todos. La idea de que solo "algunos" tomen las decisiones que afecten a "todos", pero sin que por ello el gobierno devenga en oligocracia (gobierno de pocos), supone la aceptación -que hoy nos parece natural- de que esos pocos o algunos lo hagan en "representación" de todos, del demos soberano. La representación es una ficción jurídica esencial en toda democracia moderna y ni la ilusión de una futura "computocracia" es una amenaza real (Norberto Bobbio, un demócrata e intelectual sin tachas, da en el blanco contra esa ilusión y señala: "Nada es más peligroso para la democracia que el exceso de democracia").

La representatividad ideal supone instituciones que en Chile existen, algunas de modo bastante avanzado (como el sufragio universal, un sistema electoral adecuado), otras que requieren perfeccionamiento (un íntegro respeto a la regla de la mayoría y una mejor organización interna de los partidos políticos). No obstante, me parece innegable que tanto la Presidenta de la República como los actuales parlamentarios son los representantes legítimos de ese "demos", del pueblo chileno. Ellos están, en consecuencia, plenamente facultados para adoptar decisiones colectivas en su nombre. El desprestigio ocasional y parcial por el cual atraviesan no debe afectar ese hecho esencial; de otro modo, el sistema democrático colapsaría.

Me parece que todos los actores que participan más directamente en la vida política nacional deberían trabajar por fortalecer la representatividad y no por deteriorarla. En este sentido, lo que más perturba dentro del llamado "procedimiento constitucional", con lo bien intencionado que está -lo cual no dudo-, es que supone una suerte de abdicación o, al menos, suspensión de la representatividad y su sustitución por una institucionalidad paralela y confusa que resta legitimidad a los representantes -Presidenta y Congreso-, quienes son los que poseen, por elección, la potestad constituyente. Ese procedimiento podría, a su vez, perfeccionarse, para que no parezca, como por momentos ocurre hasta ahora, una suerte de automutilación de potestades que el propio pueblo les ha conferido a sus representantes.