A principios de este siglo, alrededor del 46 por ciento de los alumnos que cursaban estudios superiores en Chile lo hacía en una universidad del Consejo de Rectores -y de estos más de la mitad lo hacía en una entidad estatal-, mientras que en la actualidad poco más de un cuarto lo hace en esas universidades tradicionales. Esta realidad parece ser una fuente de molestia, particularmente en instituciones estatales.

En efecto, el sistema de educación superior creció significativamente a partir del año 2000, especialmente en la primera década, pasando de 435 mil a cerca de 1,2 millones de estudiantes.

Parte importante de ese dinamismo fue provocado por las mejores expectativas económicas que generan los estudios superiores para sus egresados.

Ese crecimiento se dio mayormente en las instituciones menos selectivas, en parte porque las universidades del Consejo de Rectores han tenido en general criterios de admisión muy estrictos. Por ejemplo, la Universidad de Chile selecciona aproximadamente a 33 de cada 100 jóvenes que la eligen en primera preferencia. Otras universidades estatales tienen criterios de selectividad similares o inferiores, pero es una realidad que estas no aceptan, salvo muy pocos casos, a todos los estudiantes que postulan en primera prioridad a sus casas de estudio. Las universidades privadas del Consejo de Rectores viven una situación similar. La principal razón para esto es que, con matices, estas instituciones quieren ser selectivas.

Pero esa vocación, por muy respetable que sea, no debe condicionar el desarrollo del sistema de educación superior. Este es cada vez más masivo y dentro de esta masividad se desarrollan nichos específicos que responden a misiones particulares que en una sociedad diversa son bienvenidas. Si se aceptan sistemas masivos, es razonable que existan financiamientos estudiantiles para los jóvenes que no acceden a las carreras y universidades más selectivas. El riesgo es que en un sistema de estas características no se asegure calidad y que se ofrezcan programas de bajo retorno económico y social. Ese riesgo hay que minimizarlo con un sistema de aseguramiento de la calidad más pertinente y exigente. Asimismo, el mecanismo que elija la autoridad para financiar a los estudiantes tiene que hacerse cargo de la diversidad de retornos que presentan los cientos de programas ofrecidos en la educación superior, de modo de desalentar aquellos que no aportan valor a los jóvenes o a la sociedad.

Las imprecisiones conceptuales y la falta de una visión gubernamental respecto de lo que se espera del sistema de educación superior han confundido el debate en esta materia. Así, el énfasis ha estado puesto en una supervisión exagerada de las instituciones que solo puede restarle flexibilidad y amenazar su autonomía, tal como han indicado diversos rectores de universidades privadas, pero sin que ello se traduzca en una mejor calidad del sistema de educación superior. Así lo hizo notar la nueva presidenta de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), Pilar Armanet. El buen uso de los recursos públicos debe cuidarse, pero hay formas menos intrusivas de llevarlo a cabo. Gran parte de la confusión que genera el debate es la incomprensión de las características que posee un sistema masivo de educación superior que combina universidades de distinta naturaleza, institutos profesionales y centros de formación técnica. Por cierto, ello no significa que no se pueda exigir a cada institución, respetando su misión, una alta calidad en la provisión de su servicio. Este desafío junto a un mecanismo de financiamiento que, por un lado, no ahogue a las familias y a los futuros egresados y, por otro, promueva mayor investigación y desarrollo de gran nivel deben ser las prioridades de una reforma de educación superior.