Es interesante el caso de la Fábrica de Paños Bellavista-Tomé, recientemente declarada Monumento Histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales, en tiempo récord, a solicitud urgente tanto del municipio como de agrupaciones ciudadanas locales muy bien organizadas (lograron reunir 6.000 firmas), ante el anuncio de los propietarios de desarrollar ahí un proyecto inmobiliario de 1.500 viviendas, con la consiguiente demolición de la mayor parte del conjunto. La abandonada industria, fundada en 1865, llegó a albergar 2.000 trabajadores y fue fundamental en el desarrollo de la ciudad y su identidad. Cuenta con numerosos edificios de valor histórico, social y arquitectónico, la mayoría en razonable estado de conservación.

Días después de la declaratoria, que en efecto echa por tierra el proyecto inmobiliario tal como estaba concebido, los dueños acusaron sentirse expropiados sin indemnización pues, según sus expectativas, la propiedad disminuye su valor comercial. Si bien el argumento es discutible, pues continúan siendo dueños y el valor comercial es siempre voluble, lo que en verdad sorprende es su escaso compromiso con el real valor patrimonial de la propiedad -como si aquello no fuera relevante a la hora de hacer negocios- y, por lo tanto, su notoria falta de imaginación para proponer de antemano un negocio inmobiliario de acuerdo con las condiciones de un edificio histórico. El caso es interesante pues pone de manifiesto la idiosincrasia del clásico gestor inmobiliario chileno, y también nos revela el conflicto que se cierne, de ahora en adelante, sobre todos los edificios o paisajes urbanos susceptibles de ser considerados "patrimoniales" por la ciudadanía, estén o no legalmente reconocidos como tales. Es que la identificación y significación del patrimonio, tangible o intangible, provendrá siempre primero del habitante, del propio vecindario, antes de ser valorado de manera institucional. Y hoy, finalmente, gracias tal vez a la irrupción de una inusitada democracia de redes sociales, esta ciudadanía se expresa, se organiza y logra lo que se propone.

En este escenario, el desafío es no solo dotar al Estado de suficientes instrumentos y capacidades para garantizar la conservación del patrimonio sin perjudicar las oportunidades económicas del propietario (a través de subsidios, exenciones tributarias, asistencia técnica y la readecuación de normas constructivas y urbanísticas), sino, y especialmente, lograr que el mundo inmobiliario tenga la suficiente cultura cívica, sentido de responsabilidad y competencias profesionales para proponer proyectos que valoricen el patrimonio, en lugar de demolerlo todo y comenzar desde cero. Así un país no se enriquece.