El fallo del Tribunal Constitucional sobre parte importante de la reforma laboral constituye un muy buen ejemplo para desnudar las trampas de la Constitución de 1980 y la imperiosa necesidad de una nueva Constitución. El origen de estas trampas radica en el diagnóstico que en su momento levantó la derecha y la dictadura militar. En palabras de Jaime Guzmán "cómo evitar que en el futuro la mayoría ciudadana cambiara las bases fundamentales del modelo neoliberal implantada por la dictadura cívico-militar". A partir de ahí, la Constitución de Guzmán y Pinochet levantó cuatro trampas para violar la soberanía popular. La primera trampa fue el sistema binominal, donde -para decirlo fácil- un tercio de los votos elige un representante y dos tercios de los votos también eligen un representante. Esta trampa se desarmó recién en enero del 2015, gracias a la gestión del entonces ministro Peñailillo.

La segunda trampa fueron los senadores designados, que fue desarmada por el Presidente Ricardo Lagos en la reforma de 2005, que eliminó a esta categoría de senadores no elegidos. Esto fue producto de una negociación con la derecha en la época, que después de 15 años estuvo por eliminar estos senadores. No crean lectores por un afán democrático, sino porque por la forma de nominación de aquellos senadores había cambiado la correlación de fuerzas en este segmento senatorial, favoreciendo crecientemente a parlamentarios vinculados con la antigua Concertación. La tercera trampa se mantiene, y la constituyen los quórums supramayoritarios para reformar las bases de la Constitución, es decir, para que nos entendamos, dos tercios de cada Cámara.

Y la cuarta y última trampa es lo que nos ha dado noticia esta semana: el Tribunal Constitucional, que si bien fue modificado en su composición en la reforma de 2005, mantuvo el equilibrio binominalizado, la mitad de los ministros vinculados con la derecha, y la otra mitad vinculados con la Concertación-Nueva Mayoría. Con esa composición, la arremetida de la derecha, por ejemplo, contra la Ley de Inclusión, fracasó. Porque ante el empate, el voto dirimente del presidente del tribunal impidió la aplicación de la trampa. Como ha quedado en evidencia en el último fallo, la correlación de fuerzas en este tribunal se modificó. Ya no es un empate lo que hay allí entre visiones ideológicas distintas, sino que hoy día expresa una mayoría ideológica vinculada con la derecha. La experiencia reciente, a raíz del fallo en comento, en mi opinión, es una gran lección de pedagogía política, porque le permite a la ciudadanía establecer dónde están las trampas de Pinochet y Guzmán que impiden la expresión de la soberanía popular. El reciente fallo deja -con toda evidencia- la necesidad de una nueva Constitución, la necesidad de modificar la composición y facultades de este tribunal, e incluso su supresión, dejando la revisión de constitucionalidad a un organismo como la Corte Suprema.

Por otra parte, también son muy esclarecedoras las simpatías y antipatías que han generado este fallo. El Gobierno, la Nueva Mayoría y los trabajadores organizados han recibido un duro golpe, mientras que la derecha y el gran empresariado festejan. Escuchar y ver a la derecha celebrando el fallo y argumentando que su posición es favorable a los trabajadores llega a ser patético y ridículo, cuando uno paralelamente observa las reacciones del mundo sindical y empresarial. Por lo demás, esta reforma, en parte frustrada, lo que pretendía era erradicar otra trampa, la trampa de Pinochet y José Piñera y su plan laboral de 1980. El objetivo de dicho plan era disminuir significativamente el poder negociador de los trabajadores frente al capital, y para eso estableció tres políticas que hundieron el sindicalismo como factor de poder. A saber: el reemplazo en la huelga; la extensión de beneficios solo por voluntad patronal; y la no titularidad del sindicato como órgano negociador frente al empleador. Esos tres elementos, no modificados en los últimos 35 años, se expresan en que hoy día en Chile solo negocia colectivamente el 5,8% de los trabajadores, mientras que en la OCDE esa cifra es superior al 50%.

Hemos sido tácticamente derrotados, pero hemos ganado estratégicamente, porque para el país ha quedado claro cuáles son las trampas de la Constitución del 80.