Con cariño y gratitud, millones de chilenos despidieron a Patricio Aylwin. Sobran razones para ello. Él se gano el respeto de la inmensa mayoría de los chilenos, y también su agradecimiento, fundamentalmente porque la gente reconoce que jugó un rol fundamental en la pacificación y reconciliación del país y porque valora que haya contribuido a crear una sociedad moderna y con más oportunidades para todos, construyendo sobre la base de lo que teníamos cuando inició su gobierno.

Pero hay quienes no están de acuerdo y, por el contrario, son fuertes detractores de Aylwin y su actuación en la política chilena.

Quiero referirme a dos cargos que se le hacen a Patricio Aylwin: el primero de ellos es que no habría ido suficientemente lejos en la aplicación de justicia por violaciones a los derechos humanos y que habría aceptado una suerte de tutela militar durante su mandato. Se esgrime para ello su frase de "justicia en la medida de lo posible". Esta es una visión sumamente extrema de los hechos si consideramos, entre otras cosas que: a) Aylwin presionó al Poder Judicial hasta imponer la tesis de que la ley de amnistía vigente no eximía de la obligación de investigar, b) contra la opinión de sus asesores, decidió encargar la elaboración del Informe Rettig, que sirvió de base para el esclarecimiento de muchos de estos hechos, y c) apoyó la tesis de la justicia chilena del "secuestro permanente" en los casos de detenidos desaparecidos, para eludir los efectos de la ley de amnistía; figura que fue llamada eufemísticamente "ficción jurídica", para no decir lo que de verdad era: una distorsión de la realidad para conseguir que en los hechos, dicha ley no se aplicara en esos casos, lo que en mi opinión es reprobable, porque es una flagrante aplicación del principio de que el fin justifica los medios.

Adicionalmente, dichas críticas carecen de un mínimo sentido de realidad, si se tiene en consideración la situación institucional que vivía el país y el balance de poder que existía en esos años. Criticarlo hoy día, quince años después, desde una cómoda posición, carece, a mi juicio, de todo valor.

Pero quizás la crítica más dura es a la decisión de Aylwin de no hacer tabla rasa, desmontando pieza por pieza la institucionalidad y realidad económica y social de la época. Como es sabido, en lugar de ello, el gobierno de Patricio Aylwin construyó sobre lo que había, realizando reformas importantes en materias tributarias, laborales y de política social implementadas por un equipo de gran solvencia técnica, de manera tal que lejos de crear incertidumbre, consiguieron dar un nuevo impulso a la economía del país, logrando una inédita tasa de crecimiento del producto de 7,7% promedio, mejorando la calidad de vida de los chilenos y rebajando sustancialmente los índices de pobreza.

La manifiesta injusticia de estas críticas se justifica por algunos cuando ellas provienen de jóvenes, como los líderes estudiantiles de hoy, que no vivieron esa época: no podemos exigirles que se pongan en nuestro lugar porque ellos no vivieron eso, de manera que tienen derecho a criticar.

Esta eximente tiene a primera vista cierto asidero. Pero una cosa es que uno comprenda que ello suceda, que acepte su derecho a criticar, y otra cosa muy distinta es concederles valor a sus críticas y a la pretendida superioridad moral que esgrimen al hacerlas.

No podemos pedirles a esos jóvenes que se pongan en nuestro lugar, pero sí un mínimo de consecuencia. Pedirles, por ejemplo, que si critican las injusticias de nuestra sociedad, señalen dónde, en qué lugar y con qué sistema esas injusticias y carencias no existen. Porque lo que uno ve es que muchos de ellos idealizan y justifican graves violaciones a los derechos humanos y condiciones de vida miserables en países como Cuba o Venezuela, que adoptaron "modelos" distintos al nuestro.

No podemos exigirles que piensen como nosotros, pero sí podemos pedirles que piensen. Sobre todo si pretenden influir en el devenir de nuestra sociedad.