Los sistemas de impuestos a la renta suelen exigir que los contribuyentes tributen por el total de sus ingresos, sin importar si fueron generados en otra economía. A la vez, los países gravan todas las rentas que se producen en su territorio, independiente de la nacionalidad de la persona o empresa que los generó.

Así, con el fin de evitar que un mismo ingreso pague impuestos en dos lugares distintos, muchos países han firmado tratados bilaterales que limitan la doble tributación.

Estos tratados y los distintos beneficios que otorgan las diversas jurisdicciones han promovido que empresas muevan fracciones relevantes de sus utilidades -aunque no necesariamente de sus operaciones- entre subsidiarias ubicadas en distintos territorios, minimizando sus obligaciones impositivas totales.

Ello se ve agravado por los "paraísos fiscales", países que ofrecen tasas muy bajas o nulas de impuestos, regulaciones favorables a inversionistas extranjeros y facilidades para crear empresas, incluso empresas fantasmas. Tampoco indagan sobre el origen de los capitales, y ofrecen anonimato y secreto bancario.

No solo las empresas utilizan estos paraísos: individuos de alta riqueza pueden mantener allí sus inversiones financieras protegidas de impuestos y de los ojos de terceros, algo que el reciente escándalo de los "Panama Papers" ha permitido ilustrar. De hecho, Gabriel Zucman, de la Universidad de California Berkeley, estima que un 8% de la riqueza financiera global está en estas "islas del tesoro".

Este contexto genera dos problemas. El primero, es la elusión global de impuestos. Legisladores de distintos países han permitido (y en los hechos, promovido) estructuras organizacionales cuyo único objeto es el de minimizar el pago de impuestos. En otras palabras, la planificación tributaria que el conjunto internacional de reglas admite es legal.

El segundo, es que favorece actividades ilegales como la evasión, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Estados Unidos y la OCDE han liderado una agenda global para empujar la transparencia financiera y el intercambio de información, y para que la regulación tributaria minimice espacios de planificación agresiva.

En este aspecto, Chile ha realizado avances. Por una parte, desde la reforma, el SII puede exigir información en relación adónde y en qué están invertidos los fondos que se sacan del país, con importantes sanciones por no declarar. A su vez, la norma antielusión permitirá revisar transacciones que cumplan con la letra de la ley, pero no con su espíritu.

Asimismo, Chile ha suscrito tratados de cooperación internacional para el intercambio de información que facilitan la detección de operaciones ilegales. También rebajó las exigencias para el levantamiento del secreto bancario en ciertas investigaciones.

Sin embargo, la reforma tributaria otorgó al mismo tiempo una amnistía: condonó multas, intereses, penas y, probablemente, buena parte de los impuestos adeudados a quienes reconocieron mantener fondos en el exterior que no habían sido declarados al SII.

Casi ocho mil personas -un cuarto del número de contribuyentes en el tramo más alto del Global Complementario- se acogieron y admitieron no haber declarado riqueza en el extranjero por un total de casi US$ 19 mil millones.

Dado el creciente acceso a información que tienen los servicios tributarios en el mundo, las amnistías en países desarrollados suelen exigir el pago de todo lo adeudado, y solo eximen de multas y de una eventual persecución penal.

Por lo mismo, esta amnistía "a la chilena" parece innecesaria -pues la amenaza de descubrir ilícitos es cada vez más real y riesgosa- porque puede reducir la recaudación futura si se crea la expectativa de que habrá nuevos perdonazos.

Al mismo tiempo, benefició a personas de altísimos ingresos, quienes reconocieron tener en promedio al menos US$ 2,4 millones cada uno, escondidos, fuera de la vista de la autoridad.

La legitimidad social de los impuestos se juega en parte en su progresividad, en que quienes ganen más, proporcionalmente contribuyan más. Los perdonazos, la elusión y la evasión erosionan esa progresividad.

Por ello, hacia el futuro, Chile debe seguir colaborando con los esfuerzos internacionales para enfrentar la elusión y evasión. El SII también debe utilizar toda la información que se ha ido revelando, además de sus nuevas facultades para perseguir ilícitos y disuadir. Por último, la normativa debe ser cuidadosa en no volver legal lo que no es legítimo.