Dos años y medio de negociaciones en La Habana y todavía no hay un acuerdo definitivo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Nadie dijo que sería fácil. El Presidente Juan Manuel Santos fue el primero en reconocerlo, pero se empeña en seguir adelante a pesar de los tropiezos y desencuentros con los duros líderes rebeldes, reacios a doblegarse después de cincuenta años de lucha armada, 280 mil muertos y casi siete millones de desplazados.

En La Habana ya se han definido puntos importantes de la agenda. No hay cuestionamientos a los acuerdos en los temas agrarios, por ejemplo, pero sí fuertes críticas a los que corresponden a reparación de las víctimas, la incorporación de los guerrilleros a la vida política, y sobre todo a la fórmula de justicia transicional, que incluye una amnistía que dejaría a los rebeldes sin cumplir penas de cárcel. Es un tema peliagudo, y hay múltiples puntos de vista.

En Madrid, hace unos días, en un seminario organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana hicieron demoledores análisis sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. De Uribe todos esperábamos escucharlos. Duro opositor a Santos, el ex Presidente se ha dedicado desde el primer momento a torpedear los esfuerzos de su sucesor. Pero lo novedoso fue escuchar a Pastrana, el artífice del Plan Colombia, quien consiguió que EE.UU. se responsabilizara de su parte en el flagelo de la droga, y apoyara económicamente a su país en el combate al narcotráfico, e indirectamente a luchar contra la guerrilla.

Pastrana estuvo hasta hace unos meses en la Comisión Asesora para la Paz, y renunció en octubre por desacuerdos profundos precisamente en torno al tema de la justicia posconflicto. Su argumento es contundente: la Jurisdicción Especial "es un golpe a la estructura institucional colombiana". Este tribunal, dice Pastrana, puede "ejercer una jurisdicción prevalente, en caso de que futuras leyes emanadas del Congreso puedan implicar una modificación a lo pactado (...) en La Habana. Esta 'jurisdicción perenne', sin límite en el tiempo, por encima de la Constitución actual o de cualquier constitución futura, condiciona al propio Poder Legislativo. Así, cualquier ley aprobada en un futuro estará supeditada a la Jurisdicción Especial". Pastrana abre la duda también del papel de la máxima instancia judicial, porque los casos tratados en la JEP no podrán ser nunca reabiertos sino por la misma instancia. O sea, dice el ex Mandatario, el tribunal especial "será siempre la instancia suprema de cierre pactada con las FARC, por encima de la Corte Suprema".

El tema de los crímenes de narcotráfico para Pastrana es otro crucial en su crítica. Esto, porque en el acuerdo se los reconoce como "delitos conexos", es decir relacionados a "objetivos políticos de la insurgencia", entonces quedan amnistiados. A su juicio, eso es impresentable ya que el tráfico de drogas sigue siendo uno de los flagelos más graves que azotan a Colombia.

Los colombianos merecen la paz, y estas negociaciones, trabadas y cuestionadas, pueden lograr el milagro de terminar el conflicto. Pero si Pastrana tiene razón, los acuerdos dejan ventanas abiertas a la injusticia y muchos crímenes quedarían impunes.