De los once comuneros mapuches formalizados por el horrible crimen del matrimonio Luchsinger-McKay, seis recibieron últimamente beneficios económicos por parte de la Conadi. Esos beneficios incluyen la asignación de tierras a la comunidad Juan Catrilaf II, entre ellas el Fundo Santa Margarita, que originalmente, antes de su adquisición por la Conadi, perteneció a la famila Luchsinger.

Por macabro que parezca, todo indica que la Conadi asignó esas tierras a los asesinos del matrimonio de ancianos luego que perpetraran su brutal crimen.

Chile no es un país que esté sumido en un problema grave de terrorismo o violencia política, pero ciertamente hay manifestaciones de estos fenómenos en el país; y, en particular en la Región de La Araucanía, ellas adquieren un carácter más grave y permanente que amenaza la paz social en esa zona. Por lo mismo, uno esperaría que las instituciones del Estado fueran muy cuidadosas con las señales que dan en relación con la violencia política y el terrorismo, que pueden convertirse en fenómenos que destruyen la convivencia y causan graves daños a los países.

El origen del Estado como institución está, en buena medida, en la necesidad de proteger a los ciudadanos de comportamientos violentos, para lo cual se imparte justicia y se entrega el monopolio del uso de la fuerza a instituciones de carácter público. Nuestras sociedades son civilizadas en la medida que ello ocurre. Cuando el Estado no cumple cabalmente su rol, los ciudadanos se sienten en la indefensión y se ven enfrentados a la necesidad de protegerse por sus propios medios.

Pero lo que ya sobrepasa todo límite es que el Estado no solo no te ayude a defenderte de la violencia, sino además colabore con quienes la ejercen contra ciudadanos pacíficos. Eso es lo que ha ocurrido en este caso.

Como lo hemos dicho antes en estas mismas líneas, la política de compra de tierras de la Conadi es un verdadero poder comprador de violencia, en que el Estado financia con el dinero de todos los chilenos la realización de actos como tomas o incendios de casas o predios agrícolas, que terminan siendo asignados a los propios violentistas. Los grupos extremistas han cooptado a la Conadi, que en definitiva sirve a sus intereses y no a la gran mayoría de la población indígena, que tiene otras aspiraciones y necesidades.

Pero no es este el único caso que hemos conocido en el último tiempo en que instituciones financiadas por el Estado chileno colaboran con quienes ejercen la violencia política y el terrorismo. Recientemente se ha conocido el fallo de los tribunales españoles que condena a doce años de prisión a Francisco Solar y Mónica Caballero, ciudadanos chilenos que hicieron estallar una bomba en la Basílica de Zaragoza.

Pues bien, poco tiempo atrás ambos fueron acusados en Chile, junto a otras personas, de hacer estallar explosivos en distintos lugares en la ciudad de Santiago. En definitiva, sin embargo, el llamado caso Bombas terminó con todos los imputados libres por decisión del Tribunal de Garantía que no acogió las acusaciones de la Fiscalía.

Durante todo el proceso, los acusados contaron con el activo apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Su directora, Lorena Fríes, apareció varias veces en los medios de comunicación defendiendo a los imputados. Incluso visitó a Mónica Caballero y Andrea Urzúa, otra de las imputadas, ocasión en que se reunió con ellas durante una hora, según consignan informaciones públicas.

No es aceptable que instituciones del Estado, que tienen objetivos de bien común, como la defensa de los derechos humanos, se conviertan en reductos capturados por ideologías políticas que sirvan a causas violentas o terroristas.

Ayer nada más, se conmemoraron los veinticinco años de la muerte del senador Jaime Guzmán, asesinado por un comando extremista. Ese crimen continúa impune. ¿Tenemos que concluir que en democracia las acciones de violencia política y terrorismo de grupos de ultraizquierda cuentan con un manto protector que utiliza incluso instituciones del Estado?