De vez en cuando, Chile ofrece datos asombrosos. Por ejemplo, ¿sabía que hasta el 2011 los menores de 6 meses en el país sufrían una enorme propensión a sufrir reflujo? La "epidemia" era tal que un 52% de las licencias médicas de madres trabajadoras se debían a dicha enfermedad, todo un récord internacional. Sorprendentemente, la extensión del posnatal a 6 meses los curó milagrosamente, reduciendo las licencias un 65% entre 2011 y 2012.

La Ficha de Protección Social (FPS), histórico instrumento de focalización de programas sociales en Chile, es otra fuente de datos freak. Seis de cada diez hogares en sus registros (4,4 millones en total) tendrían al menos un discapacitado, tres veces el promedio nacional. Ah, y por cierto, la mitad de la población sería vulnerable (¿Y la reducción de la pobreza? ¡Nunca se habría producido!).

Pero, la realidad es otra: nuestros bebés no son más enfermizos que el promedio del planeta (controlando por ingreso son más sanos), el país no tiene exorbitantes tasas de discapacidad, ni existen dudas de la exitosa batalla contra la pobreza. No, el problema no son las cifras, sino deficientes diseños de políticas públicas.

La raíz del asunto está en los criterios para acceder a programas sociales. El sentido común y toda la evidencia sugieren que dar (o quitar) beneficios del Estado abruptamente, ya sea en base al puntaje en la FPS, la edad de un hijo o cualquier otra dimensión, genera incentivos para que potenciales beneficiarios falseen información estratégicamente. Así, no sorprenden las miles de licencias médicas fraudulentas ni las FPS hechas a la medida, todo para forzar la recepción de un beneficio.

Y sin querer justificar condenables conductas, es imposible esquivar la responsabilidad de quien diseña la política cuando estas emergen. Las mejores prácticas son claras: el acceso a beneficios sociales debe evitar malos incentivos.

Chile había avanzado en esta materia, pero la recién implementada gratuidad en educación superior para el 50% más vulnerable representa un tremendo retroceso y seguro pronto será una nueva fuente de datos freak. Es que imagínese: El estudiante accede al beneficio si el ingreso per cápita de su hogar es inferior a la milimétrica cifra de $154.167 (dato oficial). Un peso menos y el estudiante paga cero (bueno, sabemos que nada es gratis), uno más y paga todo. ¿El costo de ese peso? Para una carrera de 5 años con un arancel anual de $3 millones, $15 millones. ¡El peso más caro de la historia! El incentivo para evitar pagarlo es inmenso.

Esta semana la autoridad criticó duramente a 160 jóvenes que habrían reportado datos erróneos para acceder a la gratuidad. ¿160? ¡Por favor! Dado el pésimo diseño de la iniciativa deben ser miles los "estratégicos". Pero atentos, pues seguro no faltarán otros tramposos que oportunamente dirán que la gratuidad para todos terminaría con tales pillerías. Es que el camino al populismo está llenó de trampas.