Según la última encuesta Cadem, en dos años, la aprobación de la gestión de la Presidenta Bachelet ha caído desde 52 a 23%, en tanto que la desaprobación ha pasado de 20 a 68%. Al término del mandato del ex Presidente Piñera, 78% pensaba que el país iba por buen camino, y 52%, que estaba progresando. Hoy, esas cifras son de 21 y 13%, respectivamente. Son impopulares las tres reformas estelares del Gobierno. La laboral -hoy en trámite- concita el rechazo de 50% de la ciudadanía y el apoyo de tan solo el 24%.

Para quienes nos observan desde fuera, el veredicto es claro: falló la receta de la Nueva Mayoría y en la temporada electoral que se inicia Chile vira a mano derecha. Los partidos del sector, minoritarios en el Parlamento, hacen allí un trabajo duro, pero ante la ciudadanía, salvo excepcionalmente, no sacan la voz con toda la energía y convicción necesarias.

Es comprensible que el escándalo provocado por los casos de financiamiento irregular de la política desmotive y paralice. Son hechos francamente repudiables, pero en ellos parece haber más imprudencia e incorrección que corrupción pura y dura. Por más de un año se han escarbado correos y archivos de los involucrados en busca del "cuerpo del delito" -los favores políticos que supuestamente habría comprado el dinero de los financistas- y lo conocido hasta ahora parece lejos de ser concluyente. En cualquier caso, no hay sector político sin tejado de vidrio.

Es hora de que las ideas de la centroderecha vuelvan a hacerse presente. Su planteo debe partir de una visión positiva del Chile que hemos construido, sin desconocer desde luego las carencias subsistentes. Es cierto que las encuestas muestran alta desconfianza en las instituciones políticas y económicas, pero también sugieren que hay mucha fe en la capacidad de cada cual para salir adelante y una alta satisfacción por lo logrado.

Las políticas públicas han de orientarse a ampliar la capacidad de las personas para labrarse su futuro, en lugar de que lo hagan los funcionarios estatales, los dirigentes sindicales o los monopolios. Paradójicamente, las reformas que promueve el Gobierno procuran transferir más poder al Estado, en circunstancias que los políticos que deben dirigirlo son los menos confiables, según las encuestas. Habrá que desandar ese camino y abrir nuevos espacios a la libre iniciativa en lo económico, lo social y lo cultural. Sabemos que ello trae mejor calidad de vida, crecimiento económico, creación de nuevas fuentes de trabajo, oportunidades de ascenso social y superación de la pobreza. Pero, esta vez, en lugar de destacar la meta -alcanzar el desarrollo-, habrá que recalcar que solo con más libertad para emprender, innovar y competir podremos conquistarla.