Pablo Longueira renunció a la UDI, partido del que fue líder por muchos años. Lo hizo de una manera histriónica, con las formas y el estilo que han acompañado sus actuaciones políticas relevantes. Hay que reconocer que su decisión está a la altura de lo que ha sido su carrera política, sin eludir sus responsabilidades y enfrentando las dificultades. Arguyó razones superiores: no perjudicar al partido al que había entregado parte importante de su vida. Afirmó que volverá a la UDI cuando haya probado su total inocencia frente a los cargos que enfrenta.

Si bien Longueira ya no estaba en política activa desde la enfermedad que lo sacó de la carrera presidencial y, por lo tanto, no ocupaba una posición relevante en la política contingente, su renuncia ha remecido a mucha gente. Es que el ex senador tiene una carga simbólica que va más allá de las posiciones que ha ocupado: para mucha gente de derecha, para quienes la política se trata nada más que de una posición de defensa y de trinchera frente a ataques externos, Pablo Longueira ha representado la fortaleza y el coraje capaz de enfrentar a un adversario poderoso y cada vez más agresivo.

Esta renuncia puede analizarse desde diversos puntos de vista. Parece evidente que Longueira jugó un rol muy activo en el financiamiento de su partido, recibiendo directa o indirectamente dinero de empresas más allá de los límites y formas establecidas por la ley de financiamiento de la política que él mismo contribuyó a aprobar en 2003, luego de protagonizar un acuerdo político con el ex Presidente Ricardo Lagos que permitió al gobierno de entonces zafar de la complicada situación en que se encontraba luego del episodio del MOP-Gate. Pero el financiamiento irregular de la política no tenía en nuestra legislación una sanción penal. En una decisión discutible, el Ministerio Público ha optado en varios de los casos de financiamiento irregular por perseguir penalmente a los responsables con acusaciones de delito tributario. Ello ha sucedido con Jovino Novoa, otro líder de la UDI, y está ocurriendo con Carlos Ominami. Es temerario afirmar, como lo han hecho las fiscalías y ratificado el Tribunal en el caso de Novoa, que estos políticos se hayan concertado dolosamente con sus donantes con el propósito de evadir impuestos. Su objetivo era financiar la política, y no están siendo juzgados por eso, sino por delitos tributarios por conductas que, hasta antes de estos casos, en su abrumadora mayoría eran resueltos por el Servicio de Impuestos Internos cobrando multas.

Las actuaciones de fiscalías y el SII en estos casos son muy delicadas, porque Novoa ayer, Ominami hoy y quizás Longueira mañana son imputados por delitos tributarios, y coincidentemente todos estos casos no afectan sino más bien favorecen las posibilidades políticas de la Nueva Mayoría, que está en el gobierno. De los ex ministros Peñailillo y Arenas, y de muchos otros políticos de la Nueva Mayoría que recibieron dineros provenientes de la misma empresa SQM para financiar la campaña presidencial de Michelle Bachelet, no se ha escuchado más.

Pero el cuestionamiento principal a Pablo Longueira no parece estar en el financiamiento, sino en la sospecha de haber incurrido en el delito de cohecho; al menos eso es lo que ha destacado la prensa. Ello, por la correspondencia que habría mantenido con el gerente general de SQM durante la tramitación de la ley del Royalty. La fiscalía tendrá que probar si hubo cohecho, porque recibir sugerencias de una empresa o cualquier otra entidad durante la tramitación de una ley no convierte al parlamentario en un sujeto de cohecho. Esta acusación, que también pesa sobre el senador UDI Jaime Orpis, curiosamente no se le ha realizado al ex ministro de Bachelet Jorge Insunza, quien siendo presidente de la comisión de Minería de la Cámara de Diputados recibía al mismo tiempo un sueldo de una empresa minera, ni a otros parlamentarios financiados regularmente por empresas.

Pero lo de Pablo Longueira puede verse también en clave política. Más allá de la suerte judicial que corra el ex senador, este puede ser el hito definitivo que marque la renovación de la UDI y la retirada de quienes la han conducido hasta la fecha.