El título de esta columna plantea lo que, a mi juicio, debieran ser los objetivos generales de la Presidenta, el Gobierno y la Nueva Mayoría para el segundo tiempo del Gobierno que se inicia el próximo 11 de marzo y concluye el 11 de marzo de 2018. Entiendo por consolidar la instalación y progresiva implementación de las reformas ya efectuadas y las que están en curso; y por proyectar, generar las condiciones para un nuevo gobierno de la Nueva Mayoría para el período 2018- 2022.

Esos objetivos generales requieren cumplir objetivos específicos.

El primero es consolidar los cinco grandes temas de la reforma educacional: En el sistema preescolar la ampliación de 124.000 nuevos cupos a través de la construcción de 4.500 nuevas salas cuna y 1.200 nuevos jardines infantiles, más el desarrollo del sistema institucional que acompaña a la ampliación de esta infraestructura; el segundo gran tema es la nueva educación pública, que en esta etapa debiera iniciar su camino gradual. El tercer tema en esta área es la ley de inclusión, debiendo incrementar el fin del copago para el 93% de los padres y apoderados de la educación particular subvencionada, así como materializar el fin del lucro y de la selección; el cuarto tema de esta área es incrementar la gratuidad en la educación superior, ampliándola en primer lugar a los CFT e IP y, una vez cumplido aquello, ver la posibilidad de ampliar la cobertura del 50 al 60% de los estudiantes, y, por último lugar, iniciar, tal como lo contempla la ley la carrera docente en el año 2017. Este conjunto de materias constituirán el legado principal del gobierno de Bachelet, cumpliendo la promesa esencial de una educación pública gratuita y de calidad.

El segundo objetivo específico es aprobar ahora la reforma laboral para poder equilibrar la relación entre el factor capital y el factor trabajo, hoy ampliamente favorable al primero.

El tercer objetivo específico es instalar el proceso constituyente, cumplir con los plazos comprometidos y establecer en el próximo gobierno la Nueva Constitución.

El cuarto objetivo específico, en el área de la salud, es seguir desarrollando la infraestructura hospitalaria y de consultorios, así como establecer la nueva Ley de Isapres.

El quinto objetivo específico debiera ser avanzar en esta fase en la reforma previsional, instalando la AFP Estatal y proyectando al próximo gobierno la reforma sustantiva del sector.

El sexto objetivo específico es avanzar en la reforma regional, eligiendo por voto popular a los intendentes en este período.

El séptimo objetivo específico es que, a pesar del ciclo recesivo internacional en lo económico, debemos perseverar en el crecimiento de la economía, por modesto que este sea y en la imprescindible responsabilidad fiscal que acompaña este proceso.

El octavo objetivo específico es enfrentar la judicialización de la política, separando nítidamente la tarea del Gobierno de las resoluciones judiciales, de tal manera de canalizar todas las irregularidades hacia el Ministerio Público y el Poder Judicial, desvinculando al Ejecutivo de todo comentario, análisis u opinión.

El noveno y último objetivo específico para la etapa que se vive es un nuevo trato entre el Gobierno y la Nueva Mayoría que debe contemplar el máximo diálogo posible entre estos actores con el objetivo de mantener y proyectar la cohesión de este bloque político sin el cual es imposible consolidar y proyectar la obra del actual gobierno.

Todo lo anterior nos debiera permitir recuperar la confianza de la mayoría ciudadana, base sustantiva para un próximo gobierno.