Con toda regularidad, año tras año continúa manteniéndose la institución de los abogados integrantes, pese a los reparos conceptuales incontables veces representados en cuanto a la anomalía que ellos significan para la nítida separación entre los poderes Ejecutivo y Judicial, un principio democrático básico. No está en cuestión la idoneidad de los abogados que el gobierno de turno designa anualmente para desempeñarse como ministros de los tribunales superiores; en su inmensa mayoría, cuentan con alta calificación para servir esas funciones. Pero eso no desvirtúa el que su nombramiento en definitiva responde a los criterios del gobernante, como ocurría bajo regímenes de monarquía absoluta -o en los totalitarismos-. Eso resulta incompatible con un sistema republicano democrático avanzado. Además, incluso si cada gobierno velase con celo por la más completa imparcialidad y un total pluralismo ideológico, doctrinario y político en la selección de esos nombres, ello no excluiría la probabilidad de conflictos de interés, pues tales integrantes actúan también paralelamente como abogados de causas particulares.

Los anuncios e intentos por rectificar esta situación nunca han tenido la energía suficiente para transformarse en una reforma que finalmente haga imperar la transparencia, independencia e imparcialidad que son hoy exigibles. El más reciente data de 2011, cuando el entonces ministro de Justicia, Felipe Bulnes, impulsó un proyecto de ley para poner término a esta institución ya superada por los tiempos. En mayo de ese año, la Corte Suprema manifestó "su parecer favorable (a) la supresión de los abogados integrantes en la Corte Suprema y en las Cortes de Apelaciones del país", si bien estuvo en desacuerdo con la fórmula alternativa que ese proyecto planteaba para la integración de sus salas en caso de ausencia o inhabilidad de sus ministros, proponiendo en cambio "recurrir a la figura de los Suplentes de Ministros", en forma similar a la del Tribunal Constitucional. Es una opción que cabe analizar, pero, según la página web del Congreso Nacional, este proyecto aparece sin avance en primer trámite en la Cámara de Diputados, desde agosto de 2011.

Esta semana, el Gobierno entregó los nombres de los 94 abogados que integrarán las 17 cortes de Apelaciones en 2016. Desde enero de 2015, un auto acordado de la Corte Suprema endureció los criterios de selección, excluyendo a defensores públicos, jueces de policía local, profesionales con estándar de litigación permanente y quienes no cuenten con la calificación necesaria para el cargo. Es un avance ciertamente valioso, pero no resuelve el reparo de fondo, que demanda una pronta supresión completa de esta figura anómala.