Señor Director:

Falta a la lógica Carlos Peña en sus respuestas a monseñor Chomali, porque dice que exigirle a una persona defender o ayudar a ultranza a conservar la vida de otro con el que se relacione, al punto de tener que realizar para ello actos extremos, podrá ser bueno y heroico pero no es exigible, y que por ello el Estado no puede imponer esa conducta; y ese razonamiento lo aplica a la madre gestante, que no estaría entonces obligada a "mantener su embarazo" en los tres casos que contempla el proyecto de ley de aborto.

Lo que dice tiene de verdad, pero, aplicado al tema en debate, es un sofisma perceptible incluso para la gente más corriente, porque aquí no se trata de que la madre deba hacer algún acto extremo y extraordinario para conservar la vida de su hijo, sino que se trata de que no lo mate o mande matar, que es muy distinto. Lo que propone el señor Peña como presupuesto de su tesis se daría, por ejemplo, si la madre, para conservar la vida de un hijo enfermo, o para conservar su embarazo, tuviera que ir a pie desde Santiago a Coquimbo a buscar una posible medicina. Muy bueno sería que intentara hacerlo si tiene alguna posibilidad, pero obviamente no está obligada. Pero si se abstiene, no es ella quien mata al hijo.

En el proyecto de ley, lo que se pretende es que la madre mate a su hijo o lo haga matar por un médico. Y eso no puede hacerse jamás, ni siquiera en el supuesto de los casos más dramáticos, porque el fin no justifica los medios. No ha de ser casualidad que los defensores del aborto nos hayan ido moviendo el lenguaje desde matar al hijo, a abortar, primero, luego a "interrumpir el embarazo" y ahora vayamos en "mantener el embarazo", invirtiendo las cosas al mejor estilo gramsciano. Y falta también a la lógica el rector Peña en su polémica con monseñor Bacarreza al sostener que el proyecto en cuestión no abre la puerta al aborto libre porque solo lo permite en tres causales específicas y que prever lo contrario supondría el don de clarividencia. Porque lo grave del proyecto dicho es que permite matar a un inocente indefenso por decisión de otro semejante a él, pero más fuerte, desde que tiene la capacidad de matarlo, (dejando a un lado que además se trata de quien debe cuidarlo), en circunstancias de que el derecho a la vida de toda persona inocente es sagrado e inviolable. Si se acepta que se permita violar ese derecho en determinadas circunstancias, no hay ninguna razón lógica y no discriminatoria para que luego no pueda exigirse que se autorice en otras. Es como si se aprobara un proyecto que permita matar a todas las personas que nazcan miopes. Y ¿por qué no, luego, a las que nazcan cojas, o a las que sean morenas, o rubias o menores de cierta estatura, o de tal raza específica, etc.? Advertirlo no supone el don de clarividencia, sino un mínimo de consecuencia lógica y cordura.

Como habitual lector de Carlos Peña, lamento su insistencia en mantener sus postulados contra toda razón, porque, aunque siempre he discrepado del 99% de lo que escribe, siempre había admirado su capacidad de argumentar con lúcido ejercicio de la lógica, capacidad que en esta ocasión no he podido si no que echar de menos.

Manuel José Ugarte Godoy