Llega el verano y se suceden los atentados incendiarios en la provincia de Arauco, en el Biobío y también en La Araucanía. Para alguien que solo lee la prensa y no conoce la realidad de esos lugares, pareciera que se vive allí un serio conflicto étnico y que hay a cada rato enfrentamientos entre la población mapuche y las autoridades, o un ambiente tenso entre distintos grupos.

La realidad no es esa, nada de ello ocurre. Estuve la semana pasada con mi familia, entre otros lugares, en Arauco, Contulmo, Purén, Lebu, Lumaco y Capitán Pastene (un lugar encantador). La población de esos lugares, al igual que la del resto del país, está plenamente integrada a Chile y tiene sus mismos anhelos y problemas, lo que es fácil de concluir al conversar con la gente. Todos quieren más oportunidades de empleo, educación de mayor calidad, mejores sueldos y vivir tranquilos. Se reconocen como chilenos y sus niños visten la camiseta de Alexis Sánchez independientemente de su etnia.

Claro, tienen un problema que en el resto de Chile no existe. La violencia allá no es solo delictual, de esa tenemos de sobra en todas partes, sino también terrorista. Pequeños grupos armados perpetraron atentados incendiarios en cada uno de los lugares que nombré en el lapso de una semana. Sus objetivos fueron generalmente camiones que cargan productos forestales, la actividad que le da sustento a la mayoría de la población por esos lares. Más al sur, en plena Araucanía, se asaltan y queman también casas y predios agrícolas.

Los afectados de esta violencia terrorista son gente de trabajo, choferes o dueños de camiones que realizan faenas para las empresas forestales, o pequeños y medianos propietarios agrícolas y sus familias, gente que ve cómo el fruto de su trabajo se desvanece por acción de criminales.

El mayor problema es la inseguridad con que viven, la fragilidad de sus existencias.

Pero esta fragilidad no es fruto de un conflicto centenario ni de reivindicaciones territoriales ni de anhelos de reconocimiento de un estado plurinacional y otras patrañas que grupos minúsculos con financiamiento internacional reclaman.

Es consecuencia de la falla de el Estado, ese que nos dará derechos universales gratuitos a cuanta cosa se nos ocurra, según nos prometen los flautistas de la nueva Constitución, pero no es capaz de cumplir en esos lugares de Chile con su obligación mínima, básica, la que le dio origen: mantener el orden público y proteger a los ciudadanos.

Los esfuerzos del ministro Burgos son encomiables, aunque claramente insuficientes. Parece arar en el mar en medio de un gobierno al que el tema le importa poco y que está, como en otros ámbitos, prisionero de consignas y mitos.

La primera de ellas es una concepción esencialista y alejada de la realidad de la cultura mapuche en el terreno antropológico que, dicho en simple, pretende transformarlos en una suerte de museo viviente en circunstancias que lo que ellos quieren es integrarse más al resto de los chilenos y a los beneficios del progreso.

Relacionado con la concepción anterior, está el segundo mito, que es que el centro de las preocupaciones de la población mapuche es la reivindicación territorial. De allí surge la insensata política de entrega de tierras, heredada de gobiernos anteriores, es cierto, que se ha transformado en un verdadero poder comprador de violencia. Mientras no se ponga un límite a esta reivindicación, recurriendo para ello a antecedentes históricos que existen y que incluso fueron considerados por gobiernos pasados en su política de tierras, continuará la violencia en La Araucanía, porque la verdad es que hoy el Gobierno te paga por ejercer la violencia.

Un tercer error de la política gubernamental es tratar a las organizaciones mapuches con un enfoque clientelista, entregando beneficios y dádivas en lugar de proveerlos de herramientas y medios que les generen capacidades para surgir por sus medios. Bueno, este último error no es exclusivo de la cuestión mapuche.

Da rabia e impotencia observar cómo hay chilenos que sufren por la extrema ideologización y la incompetencia del Gobierno.