Para la historia política de Chile, ambas fechas constituirán un símbolo del respeto a la soberanía popular a través de un voto libre, secreto e informado y sin presión alguna del poder del dinero. La ampliación del sufragio universal y de su expresión soberana ha sido larga en la historia de Chile. La primera manifestación se dio en la Constitución Liberal de 1828, en donde se intentó ampliar dicho sufragio; sin embargo, la reacción conservadora de las décadas siguientes lo llevó a su mínima expresión, colocando restricciones a dicho derecho a través de un conjunto de requisitos que significaron que durante el siglo XIX votara el 3% del potencial electoral. Esos requisitos fueron ampliamente antimayoritarios, a saber: solo votaban los hombres mayores de 21 años si eran casados y 25, si eran solteros; solo los que supieran leer y escribir y solo los que presentaran un patrimonio económico determinado. En la segunda mitad del siglo XIX, este último requisito fue eliminado. Pasarían décadas para que el sufragio se ampliara a las mujeres, primero en 1934 para las elecciones municipales y posteriormente en 1949, para las elecciones parlamentarias y presidenciales. La última ampliación del derecho a sufragio pregolpe ocurrió en los 70, la cual extendió el derecho de voto a los mayores de 18 años, a los analfabetos y a los no videntes.

Pero el hito más relevante en esta materia ocurrió en 1958, con la creación por ley de la cédula única que reemplazó al sistema de votos múltiples del sistema anterior. Esa disposición modificó sustantivamente la correlación de fuerza, dañando a la derecha en general y, en especial, al voto campesino del Partido Conservador. En los hechos se eliminó sustantivamente el cohecho, particularmente del voto campesino, y esto se vio reflejado en la década siguiente, en que en las elecciones, la derecha histórica, liberales y conservadores redujeron su representación, prácticamente, a la mitad de un promedio de un 40% en las décadas del 30, 40 y 50, a un promedio del 20% en las décadas del 60 y 70.

La dictadura cívico-militar posterior significó, como era obvio, la eliminación total de este derecho, solo recuperado a partir de 1990. No obstante, la derecha reapareció en democracia muy fortalecida por su participación en la dictadura a través de su copamiento de los gobiernos comunales y regionales; es así como la derecha pregolpe estaba en el 20% de los votos a una derecha posgolpe, que alcanzó casi el 40% de los votos.

A partir de la recuperación democrática y su expresión en el voto y en la soberanía popular, el factor del dinero en la política volvió a resurgir. A pesar de que la derecha fue minoría en todas las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales en las últimas dos décadas y media, con la excepción del triunfo de Piñera en 2009, en promedio, casi siempre obtuvo más de un tercio de los votos y en todas las campañas mencionadas -salvo la última elección presidencial del 2013- siempre obtuvo más recursos del sector privado que la Concertación y la Nueva Mayoría. De hecho, en la elección parlamentaria del 2013, los aportes legales de empresas privadas para la elección de diputados de ese año reflejaron que dos tercios de esos aportes fueron para RN y la UDI y solo un tercio para la Nueva Mayoría. Incluso, en la elección presidencial de Bachelet, donde esta obtuvo más recursos económicos que su competidora en general, en el caso específico de donación de empresas privadas, Bachelet recaudó 1.300 millones de pesos y Matthei, 2.400 millones de pesos. Eso con respecto a las plata legales, pero conociendo ahora a través de los procesos judiciales del financiamiento ilegal de la política, la tendencia es la misma. A manera de ejemplo, la UDI tenía dos bancos a su servicio, el Banco Penta y el BCI, y en el caso SQM, la investigación norteamericana determinó que dos tercios de esas platas fueron hacia la derecha y un tercio para la Nueva Mayoría; y en el caso de la derecha, fue la UDI la principal beneficiada con el 45% del total de las platas rectificadas ante Impuestos Internos por SQM. Con la reciente aprobación de las leyes sobre partidos políticos y financiamiento de las campañas, las empresas privadas no podrán hacer donaciones a la política y las fuertes sanciones a quienes reciban dinero de manera ilegal permitirán la expresión libre de la soberanía popular .

1958 y 2016 quedarán escritos en la historia como la expresión de una democracia más transparente y más libre del poder del dinero.