El Congreso despachó recientemente dos leyes fundamentales que profundizan nuestra democracia: la ley de Partidos Políticos y la ley de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia. En conjunto, estas nuevas leyes significan un cambio relevante y positivo para el funcionamiento de nuestro sistema político.

En efecto, las modificaciones legales harán que los partidos políticos se vuelvan más abiertos y democráticos. En adelante serán corporaciones de derecho público, en línea con las funciones que cumplen. Asimismo, tendrán elecciones internas más frecuentes, padrones depurados y conocidos por todos sus militantes, y paridad de género en sus directivas. También deberán rendir cuentas.

Adicionalmente, habrá una mejor regulación de las campañas electorales. Por una parte, se amplía el concepto de propaganda electoral, reconociendo que en la realidad la propaganda es mucho más que un "vote por". Por la otra, se reducen los límites al gasto electoral a la mitad y se regula el tamaño de carteles y afiches y los lugares donde estos se pueden instalar.

Las nuevas leyes también alteran drásticamente la forma en que se financiará la política. No se permitirán aportes de empresas a partidos ni campañas, mientras que las personas podrán donar cantidades pequeñas. Habrá, en cambio, financiamiento público, cuya asignación dependerá mayormente de las preferencias ciudadanas.

Al mismo tiempo, el SERVEL contará con nuevas capacidades y recursos para fiscalizar con mayor eficacia a partidos y elecciones. También contará con un conjunto de sanciones para aplicar en caso de incumplimiento de la ley. Según la gravedad de las infracciones cometidas, los partidos podrán perder el financiamiento público e incluso ser disueltos, mientras que parlamentarios, alcaldes y concejales podrán perder sus cargos.

Finalmente, complementando la labor del SERVEL, la ciudadanía podrá realizar denuncias por infracciones a la regulación de campañas electorales. Hoy solo los presidentes de los partidos pueden denunciar.

Se trata de un conjunto de normas positivo, con incentivos institucionales para un mejor funcionamiento del sistema político: partidos más transparentes y democráticos, una competencia electoral más equitativa, fiscalización real y sanciones disuasivas, y una separación más nítida entre el dinero y la política.

No es un conjunto perfecto -la disolución de partidos que no alcancen representatividad es muy rápida, el plazo de prescripción de delitos es muy corto, el SERVEL tiene la potestad pero no la obligación de actuar como ministro de fe en las elecciones internas de partidos, y no se establece una regulación de precampaña para elecciones distintas a las presidenciales, entre otros- pero representa un avance significativo en relación a la situación actual.

Las elecciones municipales de octubre pondrán a prueba por primera vez la fortaleza de esta agenda de reformas políticas. Fundamental será cuán preparado esté y qué tan activo sea el SERVEL en cumplir con su nuevo mandato.

Seguramente la práctica mostrará que es necesario realizar cambios a las normas aprobadas. Espero que, de suceder, se introduzcan las modificaciones necesarias rápidamente, antes de que explote un nuevo escándalo que ahonde la desconfianza de la ciudadanía hacia sus instituciones políticas.

La agenda de probidad no se agota en estas reformas. Quedan tareas importantes de revisión de normas y procedimientos para disuadir la corrupción y el tráfico de influencias, y para manejar de manera más transparente los conflictos de interés.

Aun así, las leyes aprobadas representan un paso importante en una agenda de mayor probidad en lo público. Un sistema político y electoral equitativo, inclusivo y que rinda cuentas es crucial para una buena democracia.