"Hoy es un día absolutamente normal", sostuvo el ministro del Interior poco antes de que fuera formalizada, entre otras personas, la nuera de la Presidenta de la República por el delito de presentar declaraciones de impuestos falsas. Supongo que lo que quiso expresar Jorge Burgos fue que en nuestro país, aunque sea juzgado un familiar de la máxima autoridad nacional, las instituciones funcionan sin interferencias.

En rigor, se trató de un viernes doloroso para la República. Si bien hoy estamos divididos en términos políticos como no ocurría desde hace decenios, aún no abrigamos intenciones suicidas en tanto nación. ¿Puede alegrarse algún chileno por un escándalo que también perjudica el prestigio nacional? Lo grave es que nos vamos acostumbrando a un estándar que hasta hace poco mirábamos con displicencia. Ahora nos decimos que lo que ocurre es normal, que los montos involucrados en nuestros escándalos son irrisorios comparados con los de países vecinos o que, pese a todo, no somos un "país bananero".

El lenguaje nos brinda consuelo engañoso, nos permite ignorar la realidad y operar con conceptos que la disfrazan. De partida, conviene replantearnos el peyorativo concepto de "país bananero", puesto que podríamos aprender al menos de dos países que exportan banano: Panamá puede enseñarnos a crecer a ritmo notable y a abrirnos al mundo, y Costa Rica puede aleccionarnos en preservación ambiental, turismo y amistad cívica. Debemos examinar el lenguaje y admitir que hacia el 2018 estamos cosechando un "cuatrienio triste" y para el olvido.

La mediocridad que nos contagia es anestesia pura: adormece, aletarga, insensibiliza. Ya no lideramos en crecimiento económico regional ni somos el país seguro de antes ni la nación menos corrupta de América Latina. Nos vamos acostumbrando a una coalición oficialista que suele descalificarse de forma ruda y es adicta a cónclaves estériles, y una oposición que no capitaliza los errores gubernamentales. Vivimos entre robos y "portonazos", entre carabineros "en capilla" y delincuentes osados, en la sensación creciente de que somos engañados cada día y a cada paso.

Y eso no es todo. Nos hemos resignado a que ciertos trechos de La Araucanía ya solo pueden cruzarse con resguardo policial y que la campaña marítima internacional de Evo Morales nos tiene a la defensiva. Convivimos en un clima de desconfianza generalizada, sin atisbar una salida de emergencia. La Presidenta, por su parte, se niega a responder a la prensa preguntas sobre las operaciones de sus familiares investigados por la justicia, y cree que a los chilenos nos interesa saber si sufrió o no con la formalización de su nuera, olvidando que en verdad ansiamos oír su voz como Jefa de Estado y Gobierno, como líder nacional, y que su deber como tal consiste en hablar como tal.

Pero hay más: nos habituamos a la ineficacia del Estado en La Araucanía, donde se incrementan las acciones terroristas de grupos que se arrogan la representación del pueblo mapuche y siembran el miedo en vastos sectores. Tenemos al ministro del Interior y al intendente de La Araucanía amenazados con anónimos, y ante los ataques armados, los muertos y heridos, la quema de casas, maquinarias y cosechas, el Gobierno responde con querellas y escaso éxito en las pesquisas. Día a día nos vamos convirtiendo en otro país, en otro Chile, y es un Chile que no nos gusta.

Ni siquiera la última declaración de la combativa Coordinadora Arauco Malleco, que reivindicó los ataques en Biobío y La Araucanía, y dejó en "libertad de acción" a sus grupos para realizar acciones violentas parecidas, lleva al Gobierno a imponer con decisión el Estado de Derecho. La experiencia en otros países de la región muestra que ante la impericia del Estado y el vacío de poder, las acciones armadas de este carácter -sean políticas o netamente delincuenciales- aumentan en intensidad, extensión e impacto mediático mundial. De continuar la tensa e incierta situación que agobia a esas regiones del sur, no es descartable que en algún momento se produzca un lamentable enfrentamiento entre fuerzas policiales y combatientes civiles con numerosas víctimas fatales y vasto eco en la prensa internacional. Si el Gobierno no ha logrado imponer el respeto a la ley bajo las circunstancias actuales, hacerlo después de acontecimientos trágicos resultará mucho más complejo y oneroso para Chile.

Aunque faltan dos años para el término del actual Gobierno, me temo que para muchos este ya comienza a pasar a la historia como el "cuatrienio triste".