De los derechos humanos de primera generación -derechos de autonomía que tienen que ver con la libertad de las personas y que ponen límites que el Estado ni nadie debe vulnerar-, Karl Marx afirmó que se trataba de prerrogativas de una burguesía victoriosa transformadas en ley. A pesar de ese lenguaje despectivo, el filósofo no dijo nada muy alejado de la realidad. En efecto, fue la doctrina liberal, felizmente esgrimida por la burguesía de los siglos XVIII y XIX, la que estuvo detrás de las declaraciones de derechos tan importantes como la inviolabilidad del domicilio, el de no ser detenido ni preso arbitrariamente, el de no ser castigado sino en aplicación de una sentencia dada por un tribunal independiente, el de emprendimiento de actividades económicas lícitas, el de no ser privado arbitrariamente de la propiedad de una cosa, y el de pagar solo los impuestos aprobados por el parlamento y no aquellos determinados únicamente por los monarcas. Por lo mismo, cuando se reconoce hoy que la ideología liberal sirvió de fundamento a los derechos de primera generación, lo que se está haciendo es el elogio de esa doctrina.

Detrás de los derechos humanos de segunda generación -de carácter político y que tienen que ver con la posibilidad de elegir y ser elegidos para cargos de representación popular- estuvo la ideología de la democracia como forma de gobierno más deseable para la sociedad, de modo que certificar un hecho como este equivale también a rendir homenaje a la teoría y práctica de la democracia. Un tributo aparte del anterior porque democracia y liberalismo no siempre han ido de la mano.

De los derechos humanos de tercera generación -de tipo social y que se relacionan con la asistencia sanitaria, la educación, la previsión, la vivienda-, libertaristas como Hayek y sus discípulos chilenos afirman que no pasan de ser el producto de la ideología socialista, y, lo mismo que Marx cuando embistió contra los de primera generación acusando a estos de responder a una ideología que no era de su gusto (la liberal), los libertaristas tampoco dejan de tener razón, puesto que derechos como los ahora señalados tienen su raíz de la doctrina socialista, que a ellos disgusta sobremanera.

En suma: a la base de cada generación de derechos fundamentales ha estado una determinada ideología -liberal en un caso, democrática en otro, y socialista en el tercero- y es entonces del caso agradecer a cada una de ellas y preguntarse en qué momento "ideología" se transformó en una fea palabra, en una suerte de arma arrojadiza que lanzar a la cara de quienes tienen una distinta a la nuestra y defienden ideas diferentes a las que profesamos.

Todos tenemos alguna ideología, es decir, algún conjunto de creencias acerca de la mejor manera de organizar la sociedad. Vistas de ese modo, las ideologías no constituyen un mal ni tampoco una enfermedad, porque, si lo fueran, entonces todos estaríamos enfermos o atrapados en las redes del mal. Los individuos, así como las organizaciones que forman, especialmente las de carácter político, tienen la capacidad de imaginar mundos mejores que aquellos en los que les toca vivir, y, como es propio de una sociedad abierta, las convicciones e ideas que resultan del ejercicio de esa capacidad no son necesariamente las mismas. Por consiguiente, tales convicciones e ideas (o sea, las ideologías) se enfrentan en el espacio público y disputan pacíficamente por las preferencias de los electores.

Bienvenidas entonces la ideología liberal, la democrática y la socialista, y bienvenida también la conversación que sostienen entre sí. Nada bienvenidos, por el contrario, aquellos que, abrazando una cualquiera de esas doctrinas, intentan descalificar al que piensa distinto, acusándolo de profesar una ideología. "Ideología" no puede ser algo bueno tratándose de la que uno tiene y algo perverso cuando se trata de la que otro ha hecho suya. Sin perjuicio de lo mucho que pueden aprender unas de otras, las ideologías se discuten por sus contenidos y no por el hecho de ser ideologías.