La Fiscalía Nacional Económica acaba de formular una denuncia por colusión entre los años 2008 y 2011 en la venta de pollos a varios supermercados, incluyendo a las tres cadenas más grandes, Líder, Cencosud y Unimarc.

Las cadenas niegan tajantemente los cargos e incluso señalan, avaladas en un estudio del economista y actual Ministro de Transportes Andrés Gómez-Lobo, encargado por la propia Fiscalía, que ellas habrían sido perjudicadas por la colusión de los productores de pollos.

Es positivo para nuestra institucionalidad que posiciones tan encontradas puedan ser dirimidas por un órgano independiente como es el Tribunal de la Libre Competencia.

Pero entretanto, con esa superficialidad que nos caracteriza desde hace algún tiempo, cualquiera se permite hacer todo tipo de conjeturas, afirmaciones y análisis acerca de nuestra sociedad, los empresarios, la economía de mercado y la naturaleza humana, sin siquiera atender a los hechos o realizar una mínima reflexión. Este último ejercicio, tan escaso en Chile, es lo que pretendemos hacer.

Entre las cosas que se han dicho es que la mera existencia de cadenas de supermercados perjudica a los consumidores; que la economía de mercado, dado que hay colusión en muchos mercados, es también mala para los consumidores.

Supongamos por un momento, sólo como una hipótesis, que la Fiscalía tiene razón. Si los supermercados se coludieron, presumiblemente habrían cobrado por los pollos más que el precio que cobrarían en ausencia de colusión (no se entiende, si no, para qué se coluden), perjudicando así a los consumidores.

Si ese fuera el caso tendríamos la siguiente situación (los valores son ficticios):

a) Precio de pollos en supermercados con colusión $103.

b) Precio de pollos en supermercados sin colusión $100.

c) Precio de pollos en almacenes $115.

d) Precio de pollos sin economía de mercado no hay pollo (o pollos belgas).

El último caso requiere alguna explicación para los jóvenes. En el tiempo de la Unidad Popular, en que no había economía de mercado, la distribución de alimentos estaba en manos de organismos estatales (Dirinco, JAP) y el resultado, además de la inflación que llegó a 500% en 1973, era el desabastecimiento de productos de primera necesidad. No había forma de conseguir pollo y si lo conseguías eran unos pajaritos importados de Bélgica que pesaban como un kilo.

Lo otro que puede llamar la atención es que los almacenes, aún sin coludirse, igual cobran más caro por el pollo, lo que no significa por supuesto que la colusión es buena sino que hay otras ventajas de la operación de los supermercados (economías de escala por ejemplo) que se trasladan a los consumidores.

Con lo anterior no he querido decir que hay que hacerse los lesos con la colusión porque igual los pollos en los supermercados salen más baratos. Es inaceptable que por unos dólares más algunos empresarios transgredan la ley y no traspasen todos los beneficios de la libre competencia que les corresponden a los consumidores.

Pero es una soberana estupidez decir que porque se descubre colusión en un mercado hay que terminar con la economía de mercado.

Ahora bien, también es posible que el cargo de colusión sea desechado por el tribunal. Aquí de partida no hay delación compensada ni computadores tirados a un canal. Lo que se ha exhibido son varios mails, pero la mayoría de ellos apunta a responsabilidades de los proveedores, y alguno podría indicar que hubo colaboración o al menos no hubo rechazo a esas conductas, por parte de algún supermercado.

En fin esa es tarea del Tribunal, de la Fiscalía y de las defensas de las empresas.

Pero vale la pena reiterar acá que aun cuando se encontrara una trasgresión a la ley, el hecho de que estos casos aparezcan habla de la buena salud de nuestra economía de mercado más que de una falla sistémica de ella. Concluir lo contrario, vale decir que la economía de mercado no sirve, sería como afirmar, cada vez que se cursa una multa por una infracción de tránsito, que hay que prohibir la circulación de automóviles.