El 2015 podría pasar a la historia como el año de lo irregular. Comenzó marcado por la arista política del caso Penta, y luego fuimos conociendo un caso tras otro de financiamiento irregular de campañas electorales, comprometiendo a un amplio espectro político del país y a un número relevante de empresas.

En efecto, durante el año supimos de las donaciones anómalas de parte de privados que recibieron candidatos, parlamentarios y personas en altos cargos públicos incluso mientras ejercían sus funciones, y vimos a personalidades políticas desfilar por fiscalía.

A ello se sumó el caso Caval, la colusión de navieras y papeleras, el uso de información privilegiada en la compra de acciones de CFR y el fraude con fondos de la Ley Reservada del Cobre.

Ni siquiera el fútbol, en el año en que Chile por primera vez se tituló campeón de la Copa América, se salvó de verse envuelto en irregularidades.

De hecho, la ANFP se encuentra actualmente bajo investigación por coimas y pagos de contratos en paraísos fiscales, y arriesga la cancelación de su personalidad jurídica.

Felizmente, la seguidilla de escándalos no ha dejado al país indiferente y ha permitido dar impulso a una agenda legislativa y administrativa ambiciosa para enfrentar la corrupción, el tráfico de influencias y el débil manejo de los conflictos de interés.

Se ha avanzado en dar mayores herramientas a fiscalizadores y en la revisión de penas en la defensa de la libre competencia y la protección del consumidor. También se ha avanzado en la creación de una Comisión de Valores con nuevas facultades para disuadir y perseguir delitos en el mercado de valores. Asimismo, se encuentra en segundo trámite legislativo y con urgencia un proyecto modernizador de la Alta Dirección Pública.

Respecto del funcionamiento de la política hay dos proyectos de ley en discusión en el Congreso que se refieren a la democracia interna de los partidos políticos y al financiamiento de estos y de campañas electorales.

Naturalmente, esta es la parte de la agenda legislativa más difícil de empujar, pues exige a los políticos reformarse a sí mismos y la forma en que funcionan. Si bien los proyectos entregan financiamiento público a los partidos, les pide al mismo tiempo mayor transparencia, rendición de cuentas y democracia interna.

A pesar de las naturales dificultades, ha habido progresos relevantes. De hecho, el proyecto de ley de Partidos Políticos fue recientemente aprobado en la Cámara, mientras que el de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia ya está en el Senado, y si es despachado la próxima semana, puede convertirse en ley durante enero.

El Observatorio Anticorrupción, iniciativa de Ciudadano Inteligente y Espacio Público, estima que en este aspecto la agenda de probidad alcanza un 63% de avance y le asigna una nota igual a 4,6 a la calidad de lo aprobado (ver www.observatorioanticorrupcion.cl).

¿Dónde subsisten debilidades según este seguimiento? Primero, los requisitos para la formación de nuevos partidos políticos y la continuidad de los ya existentes parecen desmedidos, y pueden inhibir la aparición de nuevos proyectos y la sana competencia de ideas.

Segundo, la democracia interna de los partidos debe fortalecerse aún más. Es crucial que los padrones puedan ser verificados por el Servel y que sean completamente accesibles a todos los militantes. Al mismo tiempo, es importante proteger a quienes deseen afiliarse a un partido por medio de mecanismos formales, transparentes e independientes de ingreso y de reclamación en caso de rechazo de una solicitud.

En esta misma línea, también se requiere que las elecciones internas sean supervisadas por un ente externo como el Servel y que el mecanismo para reclamar posibles fraudes ante el Tricel sea expedito. Parece natural, asimismo, que las elecciones internas de los partidos cumplan con la regla de "un militante, un voto".

Tercero, las sanciones por no cumplir la ley prácticamente no fueron revisadas, y, por tanto, no guardan necesaria relación con las nuevas reglas en discusión.

Finalmente, los partidos deben administrar sus bienes de modo de evitar conflictos de interés. Estos deben ser usados exclusivamente para las actividades propias de los partidos y debe haber resguardos suficientes en el manejo de inversiones en activos financieros.

Afortunadamente, la agenda de probidad no ingresó al Congreso para ser guardada inmediatamente en un cajón, como suele suceder con iniciativas que limitan el poder del sistema político.

El 2016 será año de elecciones municipales, y pondrá a prueba por primera vez la fortaleza de esta agenda. Recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y organizaciones que sustentan nuestra democracia depende de cómo y cuánto se avance en los meses que vienen en la agenda de probidad.

Andrea Repetto
Universidad Adolfo Ibáñez y
Espacio Público