Los países emergentes -que son importantes exportadores de productos primarios- en general, y América Latina, en particular, están pasando por momentos difíciles y turbulentos. El alto crecimiento de comienzos de esta década ha perdido mucha fuerza en los últimos años. El deterioro más reciente ha estado asociado, en parte, a la desaceleración y al cambio en la composición del crecimiento de China; al fin del superciclo de los productos primarios; a condiciones financieras internacionales menos favorables, y al frágil crecimiento global, a lo que se suman debilidades en las políticas internas.

Pero, tal vez, el principal problema fue que varios países de la región pensaron que las altas tasas de crecimiento de comienzos de esta década se debían más a sus "buenas políticas internas" que a los efectos favorables del superciclo de productos primarios y de las extremadamente favorables condiciones financieras internacionales que estaban enfrentando. Ahora que las condiciones externas han cambiado, las consecuencias de las inapropiadas políticas internas han quedado al descubierto: altos déficits fiscales y de cuenta corriente, alta inflación, racionamiento, y precios distorsionados.

Las perspectivas de estos países tampoco se ven muy auspiciosas; pues lo más probable es que tanto los precios de productos primarios como las condiciones financieras internacionales serán poco favorables en los próximos dos a tres años.

Los países más afectados por este cambio en el escenario externo son los que dilapidaron la bonanza de precios de bienes primarios y las buenas condiciones financieras internacionales, creando aumentos importantes en el gasto público, distorsiones de precios y subsidios difíciles de sostener en esta nueva realidad. Dentro de los países grandes de la región que entran en esta categoría se encuentran Argentina, Brasil y Venezuela.

"La tarea de Macri no será nada de fácil"

En Argentina, la pronunciada expansión del gasto público, los cuantiosos subsidios, la subordinación del banco central a la autoridad fiscal, y los controles cambiarios y de precios terminaron deteriorando las cuentas fiscales, generando una alta inflación, agotando las reservas internacionales, entorpeciendo el funcionamiento de los mercados y estrangulando el crecimiento. Hoy, el déficit fiscal alcanza a cerca del 8% del producto, la inflación anual supera el 25%, y el acceso al mercado cambiario está severamente restringido, lo que alimenta un mercado cambiario paralelo.También hay problemas de abastecimiento interno y subinversión en sectores en los cuales los precios han estado deprimidos por muchos años.

La tarea de la nueva administración del Presidente Macri no será nada de fácil, porque tendrá que corregir políticas insostenibles, que van a tener costos en el corto plazo, para crear las condiciones adecuadas para mejorar la situación de mediano y largo plazo. La unificación cambiaria de esta semana es parte de esta dura tarea.

Producto de Brasil se contraerá cerca de 4%

El caso de Brasil no es muy distinto. El país se encuentra sumido en una profunda recesión y se estima que su producto se contraerá cerca de 4% este año. Además, el desempleo sube con fuerza (de 6,5% en diciembre pasado a 8,9% en septiembre), el déficit fiscal supera el 9% del producto y la inflación está sobre 10% anual; esto es, más del doble de la meta. Considerando esto, no es sorprendente que esta semana su deuda pública haya perdido el grado de inversión.

Para completar el cuadro, Brasil se encuentra también en una profunda crisis política, como resultado de los escándalos de corrupción, asociados a Petrobras, y de la misma recesión.

Venezuela malgastó bonanza del petróleo

El caso de Venezuela es aún más delicado. Su gobierno malgastó la bonanza de los altos precios del petróleo en aumentos desmesurados del gasto público y expansión descontrolada de subsidios, tanto internos como externos. En paralelo, el gobierno venezolano introdujo una serie de políticas públicas -controles de precios y cambiarios, expropiaciones, etc.- que terminaron deteriorando las expectativas de los agentes económicos e incentivando la salida de capitales. La caída abrupta en el precio del petróleo y las dificultades en reducir el gasto público y los subsidios han generado un cuantioso déficit fiscal, en torno al 20% del producto, una profunda recesión -se estima una caída de producto alrededor del 10% para este año- y una inflación de casi el 150% anual.

En estos tres países, los costos que está pagando la población no solo corresponden a caídas de productos, alta inflación, racionamiento de bienes y pérdidas de empleo. También generan un importante aumento de la pobreza. Como es habitual, durante las crisis económicas, las personas más afectadas son las más pobres. La ironía es que muchas de las políticas introducidas en estos tres países pretendían contribuir justamente a reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso.

Chile, Colombia, México y Perú manejaron la bonanza con prudencia

Los países menos afectados han sido aquellos que manejaron la bonanza con prudencia, ajustando el gasto público a niveles más sostenibles de acuerdo a los ingresos fiscales, determinados por precios de largo plazo de los productos básicos, y manejando su política monetaria con el objetivo central de mantener una inflación baja. Entre estos países destacan Chile, Colombia, México y Perú, tanto por la prudencia fiscal como por la independencia y capacidad de sus bancos centrales para gestionar con éxito sistemas cambiarios flexibles, dentro de un esquema monetario de metas de inflación.

Como resultado, estos cuatro países han sido capaces de gestionar mucho mejor la caída de precios de bienes primarios y el deterioro en las condiciones financieras externas y, al mismo tiempo, acomodar la depreciación real de su moneda, de tal forma que les permita reorientar su crecimiento desde los sectores de productos primarios a otras actividades exportables y que compiten con importaciones.

Estos cuatro países, todos miembros de la Alianza del Pacífico, cuentan con una mayor capacidad de expandir las exportaciones distintas de bienes primarios, por su mejor acceso a mercados internacionales y por tener economías más competitivas y abiertas a la competencia externa.

Estas experiencias ilustran que no hay atajos para lograr tasas de crecimiento altas y sustentables, pero sí existe un marco de políticas sensato, basado en principios económicos básicos, y reconocido internacionalmente como compatible con un crecimiento alto y sustentable, y con una mayor resiliencia a shocks externos e internos. Este marco incluye: (1) un apropiado conjunto de políticas e instituciones macro y financieras, que faciliten lograr y mantener una inflación baja, cuentas fiscales sustentables y un sistema financiero sólido. Esto se facilita con un banco central autónomo, con un mandato claro de velar por la estabilidad de precios, la introducción de una regla fiscal orientada a reducir los ciclos del gasto público y a mantener una sólida solvencia fiscal, y una apropiada supervisión y regulación bancaria; (2) una política de apertura externa e integración al mundo, que incentiva la competencia en los mercados y genera acceso a mejor calidad de insumos y nuevas ideas; (3) la promoción de la competencia en los mercados domésticos, más allá de la que resulta de la apertura externa, por sus efectos en productividad y bienestar de los consumidores; (4) el respeto de los contratos y de los derechos de propiedad, por sus efectos en la inversión y la innovación; y finalmente (5) un sistema tributario que junto con garantizar el financiamiento sustentable del gasto público, evite penalizar en forma indebida el ahorro y la inversión.

Estos cuatro países han creado, a su propio ritmo, condiciones más favorables al crecimiento.

En el caso particular de Chile, fueron reformas de este tipo las que le permitieron lograr altas tasas de crecimiento en el período 1986-2013. En los últimos dos años hemos sufrido los efectos del cambio en el entorno externo y de la incertidumbre desatada por una serie de reformas internas bien intencionadas, como es mejorar la educación, pero con diseño y focalización muy discutibles. Las perspectivas de un entorno externo difícil por algunos años más obliga a redoblar los esfuerzos para adoptar políticas que nos permitan adaptarnos a este cambio y, al mismo tiempo, faciliten la expansión de actividades llamadas a beneficiarse con la depreciación real del peso (exportaciones distintas a las de productos primarios y actividades que compitan con importaciones) y así retomar la senda de crecimiento. Esto se facilita con adaptabilidad laboral, un sistema tributario que evite sobrepenalizar el ahorro y la inversión, y con una agenda agresiva de concesiones de infraestructura que se haga cargo de contribuir a mejorar las expectativas y de levantar cuellos de botellas que afectan a la productividad.

Al mismo tiempo, es importante reconocer que Chile necesita avanzar más decididamente en mejorar la calidad de la educación preescolar, básica y media, que recibe al 50% más pobre de la población, para contribuir a mejorar en forma sostenible tanto el crecimiento como la distribución de las oportunidades y del ingreso. También es necesario redoblar los esfuerzos en aumentar la productividad, a través del fortalecimiento de la institucionalidad para evaluar reformas, promover la libre competencia y la capacitación de la fuerza laboral, y en paralelo, facilitar la movilidad del trabajo y de las empresas desde actividades de baja productividad a otras actividades de productividad más alta.