Nunca antes había quedado tan en evidencia la existencia de dos almas en la centroizquierda chilena como hoy con la discusión acerca de cómo resolver la situación creada por el fallo del Tribunal Constitucional que declaró discriminación arbitraria en la glosa presupuestaria que establecía los criterios de gratuidad para el año 2016.

Hay un alma socialdemócrata, que cree que la actividad productiva debe ser desarrollada por empresas privadas y que el Estado debe ser muy activo en regular y corregir la distribución del ingreso a través de políticas sociales y altos impuestos. Tolera que empresas o entidades privadas puedan colaborar en proveer prestaciones sociales en el ámbito de la salud, la educación y las pensiones, aceptando así una provisión mixta en estas áreas, como viene ocurriendo en Chile desde hace muchos años. Valora las concesiones como mecanismo de financiamiento de obras de infraestructura pública y otros servicios, en el entendido de que recursos privados dedicados a estas actividades pueden liberar fondos del fisco, que pueden destinarse a otros usos.

Y hay un alma socialista dura, tributaria de los llamados socialismos reales. Es, por ende, más favorable a la incursión directa del Estado en la función productiva. No le gusta la participación privada en la salud, la educación y la previsión, y derechamente busca su retirada de estas actividades.

Abomina de la posibilidad de que los integrantes de la clase media chilena se beneficien de lo que se ha dado en llamar la "revolución capitalista", que ha permitido mejorar la calidad de vida de amplios sectores de la sociedad chilena. Le irrita el uso de recursos fiscales para subsidiar la demanda en prestaciones sociales, de modo que estas personas puedan aspirar a niveles de servicio similares a los que reciben los sectores de altos ingresos en instituciones privadas y sin subsidio estatal. Esto, porque ello aleja definitivamente a estos sectores de la lucha de clases y los incorpora en pleno a un modelo capitalista. Por eso están dispuestos a "bajar de los patines" a los niños que por la vía de prestadores privados acceden a una mejor educación.

Tienen una verdadera fijación contra las concesiones. Llega a tal extremo este rechazo, que el gobierno de Michelle Bachelet paralizó las concesiones de seis hospitales, afectando gravemente la salud de la población, lamentable situación que incluso la ex ministra Helia Molina justifica a posteriori.

En la actual coyuntura, en que se discute cómo resolver la inconstitucionalidad de la glosa presupuestaria, estas dos almas se enfrentan con todas sus fuerzas.

La solución que quisieran quienes tienen un alma socialdemócrata es que estudiantes de universidades privadas, especialmente de aquellas que tienen una preocupación especial por tener un alumnado que represente una amplia gama de sectores socioeconómicos de nuestro país, puedan acceder a la gratuidad si cumplen los requisitos económicos para ello. Están dispuestos, también, si aparece como una solución conveniente, a conceder becas para que los alumnos vulnerables de esos planteles puedan estudiar gratuitamente.

Aquellos que, en cambio, rechazan la presencia privada en la provisión de servicios sociales quisieran que el beneficio de la gratuidad, ante una restricción de recursos, llegara solo a universidades estatales o al menos solo a las del CRUCh. Están incluso dispuestos a pagar el costo político que significa para el Gobierno enajenarse la voluntad de los rectores de la UDP y la Alberto Hurtado, Carlos Peña y Fernando Montes, referentes muy respetados por la centroizquierda.

No desean, bajo ninguna circunstancia, conceder becas para financiar la educación superior a alumnos vulnerables. Ello, porque "beca" es una palabra proscrita para quienes creen en el dogma de la educación como derecho universal, sin importar si ese mecanismo resuelve el problema de los estudiantes.

Esa es la pugna que se libra hoy al interior del Gobierno. Sorda y soterradamente, se enfrentan las dos almas de la centroizquierda chilena.