Que la economía chilena está pasando por un momento de restricciones no cabe la menor duda. Un crecimiento estimado en algo superior a un 2% para este año y el próximo, y un precio del cobre -que, de acuerdo con las estimaciones de ayer, alcanzó su nivel más bajo desde el año 2009- constatan la desaceleración de nuestra economía. Ante tal situación, las políticas restrictivas del ministro de Hacienda son correctas. El Presupuesto 2016 también es una señal correcta desde el punto de vista que es menos expansivo que el del año en curso. La responsabilidad política y fiscal está demostrada.

Sin embargo, creo que es posible debatir sobre algunas propuestas para desentrabar financieramente dos políticas públicas muy sentidas por el Gobierno y la ciudadanía. A saber: gratuidad y construcción de hospitales. Vamos por la gratuidad. La restricción financiera ha conducido a bajar la cobertura de los alumnos beneficiarios de esta política, los más vulnerables, de un 60% a un 50%. Por otra parte, se instaló el debate en la Nueva Mayoría sobre la no incorporación en 2016 a este beneficio de decenas de miles de estudiantes de IP y CFT por pertenecer a instituciones que, de acuerdo con la ley vigente, tienen fin de lucro. Afortunadamente y con talento político, el Gobierno y la Nueva Mayoría llegaron a un acuerdo para que durante el próximo año se legisle y se permita a estas instituciones transitar a sociedades sin fines de lucro, y, en consecuencia, abrir la gratuidad a un importante segmento de alumnos.

Además, se debate si la gratuidad debiera garantizarse por cinco años o algo más para los alumnos que cursan sus carreras. Adicionalmente, está el límite de la expansión de la matrícula para las instituciones beneficiadas en un máximo de 2,7% de incremento. En definitiva, una buena política pública está sujeta a variadas restricciones financieras. La gratuidad implica nuevos gastos permanentes; y responsabilidad fiscal mediante, se requiere de nuevos ingresos permanentes. En esta perspectiva, sugiero debatir dos propuestas para alivianar dicha restricción presupuestaria.

¿Es razonable, después de 41 años, mantener el subsidio a la industria forestal, particularmente a las grandes empresas, a través del DL 701 de 1974, cuyo costo fiscal acumulado en ese período alcanza a los US$ 1.000 millones? Creo que es el momento de eliminar dicho subsidio, y el ahorro por esa vía destinarlo a la gratuidad.

Por otra parte, la reforma tributaria aprobada, cuyo éxito progresivo lo destacó el Banco Mundial en su informe, contiene una disposición que debiera ser revisada con el mismo objetivo anterior. Me refiero a la disminución de la tasa máxima del impuesto de segunda categoría, que disminuyó de un 40% a un 35%. Los beneficiarios de esa medida son solo 28 mil contribuyentes, que, según Impuestos Internos, corresponden al 0,3% del total, y el costo fiscal de esta disminución alcanza a los US$ 280 millones. Cabe destacar que estos contribuyentes son aquellos que tienen una remuneración anual superior a los $72 millones, lo que implica una remuneración mensual superior a los $6 millones.

En el marco del mejoramiento de las disposiciones técnicas a la reforma tributaria que enviará el Gobierno, una vez que finalice la discusión presupuestaria, no será el momento de incluir esta propuesta profundamente progresiva y justa en beneficio de la educación gratuita. Hasta aquí dos propuestas.

Vamos a los hospitales. Es claro que hay una crisis en el sector salud, expresada en la deuda hospitalaria, $250 mil millones; expresada en las listas de espera, 1 millón y medio de personas; y en la demora de cumplir el compromiso presidencial en la construcción de hospitales. Se ha hablado de incumplimiento de promesas presidenciales y ministeriales, movilizaciones ciudadanas en diversos lugares del país, y molestias de parlamentarios que fueron testigos en actos públicos del compromiso de levantar nueva infraestructura hospitalaria. A diferencia del gasto en gratuidad, que es permanente, en inversión hospitalaria es por solo una vez. Dado lo anterior, ¿por qué no colaborar en alivianar esta restricción mediante dos instrumentos? Por ejemplo, de los US$ 15 mil millones que hoy tiene el Fondo de Estabilización depositados en el exterior, ¿por qué no extraer un 2% para infraestructura hospitalaria? Sin duda que algún ortodoxo requerirá "ritalín", pero eso se pasa.

La Ley Reservada del Cobre posee varios miles de millones de dólares que hoy no se utilizan porque las prioridades de modernización de las Fuerzas Armadas están muy acotadas. ¿Por qué no extraer de ese fondo un porcentaje menor para infraestructura? En este último caso, como se ha hecho en oportunidades anteriores, la cifra restada a este fondo debiera ser equivalente a la autorización de gasto para la renovación de material de nuestras instituciones armadas, que reitero es muy acotado pero necesario, particularmente en nuestra situación vecinal de hoy. Aquí necesitaríamos varios "ritalines".

En definitiva, manteniendo la prudencia y la responsabilidad fiscal del ministro de Hacienda y superando toda ortodoxia, es posible superar la restricción presupuestaria, en parte, pero de dos políticas públicas que son esenciales para la mayoría de la población, sobre todo la más vulnerable. Esto último es lo que le da sentido al gobierno de Bachelet y a la existencia de la Nueva Mayoría.