Señor Director:

El argumento del tu quoque (tú también) no es un argumento tomista, sino que es una argucia reconocida como tal en la historia de la filosofía. Solo se admite cuando, en Derecho Civil, una parte exige el cumplimiento de un contrato, en circunstancias de que la contraparte no lo ha cumplido, y en el Derecho Internacional se expresa en el principio de la reciprocidad.

En Derecho Público, por su parte, el tu quoque es inadmisible, ya que no hay un derecho a que el Estado trate de manera injusta a nadie. Sería un tratamiento injusto hacer la vista gorda o dejar de aplicar la ley en algún caso, debido a razones subjetivas. La ley es general y es objetiva. No se puede intentar defender a empresarios coludidos arguyendo que funcionarios del Estado "también lo hacen".

El Estado no es un participante más del acontecer jurídico, social o económico. El Estado -en este caso la Fiscalía Nacional Económica- tiene que tomar cartas en el asunto en un caso de colusión, cuando se forman carteles o existe un acuerdo destinado a favorecer a los participantes y perjudicar a terceros. Esto es lo más contrario a una supuesta "adoración del mercado en estado ígneo" de la que habla el ex senador. La alteración del precio natural de un bien o de un servicio es, a todas luces, una "conducta fraudulenta". La autodelación de la empresa en cuestión no fue motu proprio , sino originada por una investigación sobre violaciones de la libre competencia realizada en Perú.

La economía de mercado requiere que se respete el juego limpio. Que se compita en entregar la mejor calidad, el mejor servicio, los mejores precios (que no necesariamente son los más bajos). Y que cada consumidor escoja libremente el producto que quiera. Que goce de la libertad de no comprar algún producto por razones éticas. Es esta la mejor expresión de la democracia económica cotidiana. Un pueblo que se comporta de esta manera está muy lejos de ser "un pueblo que medite cosas vanas" (salmo 2, citado en latín en su carta).

El Estado eficiente está regido por la ley y el derecho. No es un grupo de amigos, ni tampoco un grupo de enemigos. El Estado tiene que velar por el respeto al rayado de la cancha. Si la cancha es dispareja, tiene que emparejarla.

Tanto la corrupción como la colusión tienen que ser combatidas. No es correcto contraponerlas, como diciendo: los unos deben ser castigados, los otros, no. No tiene sentido dar a la lucha contra la corrupción o contra la colusión un tono político, como hace el ex concejal.

Para terminar, insisto en que los empresarios coludidos deberían echar ceniza sobre sus cabezas, entregar a la Fiscalía absolutamente todos los antecedentes, y castigar a sus ejecutivos involucrados. Asimismo, pensar en el futuro e implementar una omnipotente y omnipresente sección de compliance . Y, al mismo tiempo, clamar al cielo: "¡Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas!" (Salmo 50).

Marta Salazar
Abogada