Me refiero a la que existe entre derecha económica y derecha política, y a la actuación de esta última como brazo electoral y defensora de los intereses de la primera, aunque declamando a cada rato que lo que defienden son los intereses del país y no los de los dueños del capital y las personas de mayores ingresos.

Solo por dar ejemplos recientes: oposición a una reforma que aumentó la carga tributaria de los más ricos y terminó con prácticas de elusión que les permitía postergar y a la larga no pagar los impuestos que a la mayoría de los chilenos se les descuentan mensualmente por planilla o cada vez que dan una boleta de honorarios. Oposición también a una reforma laboral que, defectos más o defectos menos, restablecerá un cierto equilibrio en las relaciones entre empresarios y trabajadores y que la derecha presenta como una amenaza para la economía, la misma amenaza, me imagino, que fue denunciada en su tiempo con motivo de la eliminación de la esclavitud y del fuerte impacto que ella produciría en la economía de los países, y la similar amenaza vista cuando del trabajo a cambio de vales de comida que proveía en sus pulperías el mismo empresario que los entregaba se pasó al trabajo asalariado, del valor del salario unilateralmente impuesto por los empleadores a los salarios convenidos, de retribuciones convenidas a sueldos mínimos, y ni qué decir cuando alguien osa proponer hoy que pasemos de sueldos mínimos a sueldos éticos. Todas esas conquistas del mundo del trabajo fueron denunciadas en su tiempo como amenazas contra la economía, el crecimiento y el empleo. Resistencia, en fin, a una nueva Constitución, puesto que, según parecer de nuestra derecha, solo las dictaduras pueden dictarlas y todo lo más que se puede hacer en democracia es reformarlas con cuentagotas y siempre que el cambio no contraríe los intereses de una minoría de apenas 1/3 de los parlamentarios en ejercicio.

Se afirma por nuestra derecha que todas esas reformas --sustitución del binominal incluida, aunque consiguió ser aprobada muy a pesar del sector- fueron mal formuladas. Algo de eso hay -y más de algo tratándose de la educación superior-, pero sería del caso reconocer que la derecha se opondría hasta a la mejor diseñada de las reformas tributarias, laborales o constitucionales que le pudieran significar así no más sea un punto de baja en sus utilidades o en sus posibilidades de ganar escaños en el Parlamento. Nuestra derecha se mueve por intereses, lo cual no es raro y ni siquiera criticable, aunque sí lo es que presente al público sus defensas de intereses como si fueran de ideas, creencias, proyectos país o cualquier otra expresión grandilocuente.

Con todo, hay algo más reprobable: que políticos de izquierda se hayan coludido con la derecha económica y, todavía, con la parte oscura de ella, esa que se gestó al amparo de las privatizaciones que Pinochet dispensó generosamente a algunos de sus parientes y partidarios más incondicionales, cuidándose de dejar establecida la prohibición de que pudieran ser revisadas luego por el Congreso. Esa colusión entre la derecha económica y la izquierda política es prueba tanto del poder de la primera como de la debilidad moral e inconsecuencia de la segunda.

Parte de no poca importancia de nuestra derecha económica, no satisfecha con sus enormes ganancias legítimas, recurre ahora a la colusión, presentándola como un simple error, descuido o traición por parte de ejecutivos que ella misma premia con bonos y distinciones corporativas cada vez que aumentan las utilidades a costa de los consumidores. La colusión del papel, además de una desenfrenada y torpe codicia, muestra desprecio por el país y sus habitantes y enloda lo que la derecha siempre llama a cuidar: libertad de los mercados, competencia e imagen de Chile.

Le guste o no a nuestra derecha, esas son algunas cosas en las que debería pensar si efectivamente aspira a renovarse y no continuar atrincherada contra el cambio, incluido el cambio de ella misma.