Ha vuelto al tapete la ley de pesca. A propósito de las denuncias de cohecho que involucran a una importante empresa del sector y algunos parlamentarios, se la señala como hija del reprobable maridaje entre dinero y política. Una acusación, desde luego, muy grave.

Lo paradójico es que la ley de pesca del 2012 - pese a todo- fue un gran avance. Al respecto, recomiendo leer el reciente informe del Instituto Libertad y Desarrollo, cuya autora es la economista Mónica Ríos, quien participó en su elaboración desde 2010. Aunque la ley admite perfeccionamientos, al transferir desde un consejo integrado por intereses sectoriales a los nuevos "comités científicos" buena parte de la responsabilidad en la crucial determinación de las cuotas globales de pesca y al hacer plenamente transables las respectivas cuotas individuales, favoreció la sustentación y la eficiencia del sector. Algunos de los " mails " que fundamentan las acusaciones comentadas corresponden precisamente al esquema de administración pesquera discrecional y politizado que la nueva ley en parte corrigió. Quedó en el tintero, sin embargo, la idea original de darle a la nueva institucionalidad pesquera algo así como la solvencia y autonomía de un banco central.

Pero no es ello lo que hoy alimenta las sospechas, sino el haber excluido la subasta parcial de cuotas individuales que contemplaba la versión original del proyecto, el cual me tocó impulsar como ministro, por instrucciones del Presidente Piñera. Hasta el 2012 regían las cuotas individuales establecidas en 2001, cuando fueron asignadas a las embarcaciones según su capacidad y capturas históricas. El proyecto señalado pretendía introducir las subastas porque, como se ha probado reiteradamente - por ejemplo, en la reciente licitación de suministro eléctrico-, ello levantaría barreras de entrada y atraería nuevos e innovadores competidores. La idea era resistida tenazmente no solo por los industriales pesqueros, sino también por los sindicatos de tripulantes y pescadores artesanales. En los debates previos al envío del proyecto, parlamentarios de todos los sectores también manifestaron su oposición.

Entiendo que las circunstancias políticas del momento hayan aconsejado alterar el camino que habíamos trazado. Pero creo que valía la pena intentarlo y -sin vulnerar derechos- ello sigue siendo necesario. Como otra vez ha hecho evidente el estallido de un nuevo e impactante caso de colusión, quienes defendemos el modelo de libre mercado debemos ser también celosos guardianes de la libre competencia y la libre entrada.

Quienes defendemos el modelo de libre mercado debemos ser también celosos guardianes de la libre competencia y la libre entrada.