Hay pocas ideas menos populares hoy que la de otorgar fondos públicos a los partidos para que financien sus actividades. Es una consecuencia natural de la baja confianza que la ciudadanía expresa hacia las instituciones políticas. Pero los partidos son fundamentales para la democracia, y así como los derechos sociales requieren de financiamiento, también lo necesitan los derechos civiles y políticos.

El financiamiento público permite a los partidos institucionalizarse y competir sobre una base de mayor igualdad. También permite reducir el riesgo de que sean capturados por los intereses de quienes tienen acceso privilegiado al dinero.

En pocas palabras, los fondos públicos permiten a la ciudadanía acceder a una mayor diversidad de propuestas programáticas y a organizarse en torno a ellas.

El financiamiento fiscal a los partidos debe ir de la mano, sin embargo, del cumplimiento de un conjunto de requisitos básicos: representatividad, democracia interna, transparencia y rendición de cuentas.

Tanto en el Senado como en la Cámara están en discusión iniciativas en este ámbito, contenidas en los proyectos de ley de Partidos Políticos y de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia.

Entre ellas, el refichaje de los militantes de los partidos ha concentrado buena parte de la atención reciente. Para algunos, la reinscripción es una medida puramente simbólica, por medio de la cual los partidos actuales tendrían la oportunidad de mostrar su buena fe y voluntad de avanzar en la agenda de probidad.

Por supuesto que aprobar una fórmula de refichaje expedito es una señal de buena fe, pero el objetivo fundamental es otro: los padrones confiables y accesibles a todos los militantes fomentan una competencia más abierta y justa dentro de los partidos, elemento esencial de una democracia interna real.

Si solo unos pocos controlan el padrón, esos pocos tienen una ventaja indebida sobre las decisiones que se toman en el partido, una suerte de poder monopólico sobre grupos de afiliados. Por ello es que se debe reinscribir a la totalidad de los militantes y dotar al Servel de capacidades para que pueda verificar la información contenida en los padrones y ser el garante de ella.

Esta medida constituye, por tanto, un requisito inexcusable para acceder a los fondos públicos.

Existen otras medidas igual de relevantes para el buen funcionamiento de los partidos; por ejemplo, que las elecciones internas se realicen con una frecuencia mínima y bajo supervisión del Servel, y que las decisiones que afectan los derechos de los militantes o de quienes deseen inscribirse sean fundadas.

Las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo a la Ley de Partidos Políticos contienen normas en esta dirección. Ellas pueden ser fortalecidas estableciendo en la ley plazos mínimos de convocatoria y formas de notificación de las sesiones de los órganos internos para garantizar el derecho de participación de todos los afiliados. Asimismo, permitiendo que las decisiones que afectan derechos sean revisadas por un organismo externo como el Tricel. También, dotando al Servel de capacidades reales para supervisar las elecciones internas.

En este sentido, al igual que en los negocios, la actividad política requiere de entidades independientes e imparciales que la regulen y supervisen. Por lo mismo, es importante que el ministro Eyzaguirre haya pedido a la Comisión de Constitución de la Cámara revisar su votación sobre normas que facultarían al Servel y al Consejo para la Transparencia para fiscalizar la información que entreguen (o se nieguen a entregar) los partidos. La Comisión votó recientemente que fuese el Tribunal Supremo de cada partido el que revise esos casos.

La semana pasada, 16 organizaciones de la sociedad civil (Fundación Superación de la Pobreza, Educación 2020, Fundación para la Confianza y Ciudadano Inteligente, entre otras) enviaron una carta a la Comisión de Probidad y Transparencia del Senado pidiendo que se aprueben las medidas sobre el funcionamiento de la política y el fortalecimiento de la sociedad civil contenidas en el Informe de la Comisión Engel.

En democracia, la ciudadanía deposita en sus representantes la capacidad para definir las reglas que nos organizan. Es un acto de confianza. Pero la confianza no puede ser ciega. El llamado de las organizaciones de la sociedad civil es un reflejo de las dificultades que conlleva el que la política se autorregule.

La ciudadanía, como mandante en la política, tiene derecho no solo a participar abiertamente en la discusión, sino que también a exigir un marco normativo que garantice que el poder se utilice en beneficio de todos.

Andrea Repetto
Universidad Adolfo Ibáñez y Espacio Público