Aunque realista, el cuadro que ha pintado el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en la tramitación de la Ley de Presupuesto es desalentador. No solo la economía crece al 2% anual este año, sino que no se visualiza que recupere su dinamismo en lo que resta de la década. De acuerdo a diversos expertos, nuestro potencial de crecimiento ha disminuido desde el 5% anual estimado en 2012 a tan solo 3,6%. Si antes era posible aspirar a que Chile cruzara el umbral del desarrollo, hoy ya resulta inviable. Si antes la expansión de los ingresos fiscales permitía financiar generosos "derechos sociales", hoy, simplemente, no hay plata.

Nada de esto debería sorprender. Cuando la Nueva Mayoría arremetió contra el modelo de economía libre imperante, se propuso solo redistribuir ingresos en lugar de hacerlos crecer, elevó la carga tributaria, coartó la libertad educacional y propugnó una legislación laboral beligerante y anacrónica, era predecible que la confianza empresarial, la inversión y la productividad se vendrían al suelo. Por mucho que ello se intentase neutralizar con la expansión del gasto y los empleos públicos -como pretendió el ex ministro Alberto Arenas-, el resultado sería el estancamiento económico. Quienes durante el debate sobre la reforma tributaria hicimos eso presente, fuimos tildados de ideologizados o de servir oscuros intereses. Los resultados de la equivocada estrategia del Gobierno, agravados por una situación mundial que exige políticas muy distintas, están hoy a la vista.

El deterioro de la economía está causando malestar y pesimismo en la ciudadanía, no obstante que la temida alza de la cesantía se ha retardado. La programación fiscal anunciada revela que, pese a contar con la reforma tributaria y un déficit de 3% del PIB, inevitablemente el apretón llega también al presupuesto público: según se ha explicado, hasta el 2018 ya no habría cómo financiar nuevas iniciativas de gasto, tales como la gratuidad universitaria.

Algunos pueden considerar tranquilizador que la retroexcavadora gubernamental se haya quedado sin combustible fiscal y ya no pueda hacer más daño. Pero no hay impedimento alguno para que el Gobierno consiga aprobar leyes que involucren fuertes desembolsos más allá de su mandato. Ese expediente -que se ha usado en el pasado- debería ser objeto de limitaciones o quórums especiales.

Mientras tanto, el Gobierno sigue su rumbo. A falta de buenos resultados siempre cabe recurrir a la fantasía demagógica. Aunque el engorroso proceso constituyente que se ha anunciado tiene la virtud de ser institucional, parece diseñado para alentar la ilusión -en plena temporada electoral- que solo una nueva Carta Fundamental podría remediar la frustración y la desesperanza que ha sembrado la gestión del gobierno. Chile merece más.