Las molestias por la prohibición de que automóviles particulares puedan recoger pasajeros en el primer nivel del aeropuerto internacional de Santiago son solo una dimensión de la crisis de crecimiento que vive ese recinto y sufren sus usuarios. Las instalaciones de retiro de maletas, de control fitosanitario y de aduanas, sumadas a la oferta de transporte informal que acosa a los viajeros, no cumplen los estándares de calidad que esperan los turistas que visitan uno de los países más modernos de América Latina.

El crecimiento del flujo de pasajeros y vuelos superó largamente las proyecciones del diseño original de ese terminal, y la gestión del concesionario y de las autoridades no tuvo la agilidad necesaria para responder a los múltiples requerimientos que emergieron.

El mes pasado, con el fin de regularizar la disputa entre taxistas autorizados y los llamados "taxis piratas", y facilitar el transporte público de pasajeros que llegan al país o al terminal nacional, la concesionaria del aeropuerto, con el respaldo del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Aeropuertos y del Coordinador de Concesiones, instaló una barrera para impedir el tránsito por el primer nivel de la construcción, obligando a quienes vayan a buscar un pasajero a utilizar el estacionamiento pagado. El segundo nivel está reservado para dejar pasajeros, y su utilización para recoger a un viajero, sea por un particular o un transporte pagado, es multada por Carabineros.

Dicha medida agiliza la circulación y favorece el transporte público de los viajeros, pero obliga al uso de un estacionamiento pagado. Se ha planteado que esta política es similar a la aplicada en muchos países desarrollados -aunque dista de ser una realidad general en todos estos-, pero la calidad del estacionamiento santiaguino parece distante del servicio que se ofrece en aquellos. Más allá del precio, el aeropuerto local tiene vías estrechas e incómodas para la circulación de autos y personas, y escasísima protección frente a la lluvia o la radiación solar. No basta cobrar tarifas y aplicar prácticas de países desarrollados si no se ofrecen servicios de calidad similar. Asimismo, como lo hacen ver expertos en transporte, no se ven razones para descartar una alternativa por la que automóviles particulares puedan dejar y recibir pasajeros en otras zonas, distintas de las del transporte público, dispuestas para esos efectos, como ocurre en otros países. Tampoco parece prestarse suficiente atención a los riesgos de seguridad, ya que no se observan impedimentos efectivos para el acoso a los pasajeros por los oferentes de transporte informal, que ahora usan el estacionamiento al no poder acceder a la vía de servicio.

Los chilenos deben asumir los efectos que conlleva la masificación de ciertos servicios -como el transporte aéreo-, que ya no permiten las rutinas casi domésticas que aún se practicaban hace no muchos años en ese terminal, pero tienen derecho a esperar un servicio a la altura del esfuerzo económico que supone la experiencia de viajar, sea por razones laborales o familiares.