Las medidas son a todas luces insuficientes. Equívocas. Ni el registro nacional de hinchas ni la facultad de los clubes para solicitar a la ANFP jugar sin barristas rivales, cada vez que hacen de local, son herramientas eficaces para combatir a grupos organizados de delincuentes a los que no les importa el peso de la ley, que para ellos es liviano, gracioso, anecdótico, ni el poder del garrote, porque el de ellos también es fuerte.

Nada de lo que proponga la ANFP es válido mientras las sanciones no afecten lo que más les duele: el bolsillo. Los dirigentes de los clubes han asumido históricamente una actitud hipócrita frente a la violencia, y este último capítulo no tiene por qué ser diferente al resto. Los de turno siguen tirando la pelota al corner anunciando medidas que todos sabemos son impracticables, mientras no exista una voluntad de fiscalizar y perseguir legalmente a quienes cometen desmanes en los estadios.

¿Alguien que haya seguido la cronología de la violencia en los estadios cree realmente que los clubes chicos van a renunciar a las mejores recaudaciones de la temporada impidiendo el ingreso de los barristas de Colo Colo y Universidad de Chile a sus estadios? Desde el momento en que los dirigentes se pusieron de acuerdo para dejar como optativa la posibilidad de restringir el acceso a estos hinchas, ya sabemos que no van a hacerlo. Solo una prohibición podría garantizar que no llegarán los barristas indeseables a la cancha, pero como tantas otras veces esa disposición de los dirigentes de clubes y la mesa directiva de la ANFP no existe, porque no están dispuestos a perder dinero.

¿Alguien de verdad cree que un registro nacional de hinchas es la solución? Si incluso la implementación de anotarse en este registro funcionara, ¿usted cree que los delincuentes no van a entrar al recinto? Ya lo hacen con identidades falsas o con documentos robados, porque el control es insuficiente, ineficiente o sencillamente inaplicable para los partidos de alta convocatoria, cuando la presión de miles y miles por entrar al estadio es tal que la revisión se hace desprolijamente, cuando se hace. Es más: no les importa ser sorprendidos ni ser reincidentes. En menos de un mes volverán a hacerse presentes.

La verdad es que nadie tiene voluntad de arreglar este problema porque las externalidades son costosas. La realidad chilena es que todos hemos sido cobardes, por temor a que un apoyo público y sostenido a la represión en los operativos policiales y la drasticidad de las sanciones penales a quienes protagonizan incidentes en recintos deportivos sea comparado con un respaldo tácito a un estado policial solo imaginable en los tiempos más brutales y oscuros de la dictadura militar. Desde esa disyuntiva moral, el gatopardismo ha operado en su máximo esplendor con los jueces que se amparan en la inutilidad de la ley, con los políticos que sacan cálculos electorales para legislar hasta donde no les haga daño, con los dirigentes que adoptan determinaciones de dudosa eficacia, incluso de toda esta ciudadanía indignada y empoderada que para lo único que no ha organizado marchas es para protestar por este tema. Todo ha sido acomodo, retórica y componenda. Salvo por el lado de los delincuentes de los estadios, a los que sí hay que reconocerles su perseverancia y consistencia.