En momentos en que se discute en el Congreso un proyecto de reforma laboral, es pertinente revisar dónde están los principales problemas con la regulación laboral en Chile y hasta qué punto estos se abordan en el proyecto. Para esto me basaré en evaluaciones de instituciones internacionales, la experiencia reciente sobre el funcionamiento de los mercados de trabajo en el mundo y estudios previos del mercado laboral chileno.

De acuerdo a los estándares de la OCDE, Chile tiene hoy un mercado laboral muy rígido. En particular, la legislación laboral sobre seguridad en el empleo favorece los trabajos de jornada completa y de carácter indefinido por sobre el empleo a plazo fijo y los contratos temporales. En economías donde un grupo importante de trabajadores está protegido con contratos permanentes, y con altas indemnizaciones por años de servicio, los ajustes frente a shocks adversos terminan afectando principalmente a los trabajadores a plazo fijo y con contratos temporales, quienes corresponden principalmente a jóvenes, mujeres y personas con bajos niveles de calificación.

Además, en Chile existen restricciones al ajuste en las horas trabajadas por semana, a la distribución de horas por mes y a la reasignación del trabajo al interior de las empresas, las que terminan afectando la productividad y, en último término, limitando aumentos salariales e incrementando la brecha salarial entre trabajadores protegidos y el resto, particularmente aquellos que están desempleados o no han iniciado su vida laboral.

De hecho, las tres últimas versiones del reputado informe Going for Growth, de la OCDE, recomiendan reducir las altas indemnizaciones por años de servicio para los trabajadores con jornada completa y contratos indefinidos, con el objetivo de aumentar la formalización del mercado laboral, estimular la demanda por capacitación laboral e incrementar el empleo de mujeres, jóvenes y trabajadores con bajo nivel de calificación. Las indemnizaciones tienden a aislar a los trabajadores con contratos de carácter indefinido de las presiones en el mercado laboral, mientras el resto de los trabajadores sufre en forma desproporcionada los efectos de los ciclos económicos. Al mismo tiempo, su existencia fomenta los contratos precarios y obstaculiza los aumentos de productividad que Chile necesita. Sin embargo, un justo equilibrio para el país requiere que la reducción de las indemnizaciones por años de servicio sea compensada con un subsidio de desempleo más generoso y a todo evento, mejorando la cobertura y protección de los trabajadores a un menor costo en términos de eficiencia, particularmente en cuanto a la búsqueda de empleos.

Estas políticas no son inmateriales porque en el largo plazo solo los aumentos continuos de productividad permiten sostener altas tasas de crecimiento y, al mismo tiempo, los aumentos de la productividad del trabajo son los que permiten sostener aumentos en los salarios reales de los trabajadores.

En la misma dirección, la regulación sobre duración de la jornada laboral semanal y restricciones a la jornada parcial terminan discriminando a las familias con hijos pequeños y a aquellas actividades cuya demanda no se distribuye uniformemente en la semana, como es el caso de las dinámicas industrias del turismo y del esparcimiento.

Esto no es novedad y existe importante evidencia al respecto. Un reciente trabajo de los economistas Dante Contreras y Andrea Repetto destaca que no es sorprendente que el mercado laboral chileno tenga bajas tasas de empleo, bajos salarios y baja productividad, ya que la legislación impide adaptarse a los cambios y al dinamismo que requiere la economía de hoy, limitando, por ejemplo, las capacidades de las partes para negociar modificaciones a las condiciones laborales que beneficien a todos.

Igualmente, un salario mínimo que es una proporción muy alta del salario medio, como el que rige en Chile hoy, termina afectando negativamente al empleo y, por ende, a las oportunidades de adquirir calificación e ingresos a través de un trabajo a jóvenes, mujeres y trabajadores con un bajo nivel de calificación. Por supuesto, esto genera importantes efectos negativos en la pobreza y en la desigualdad. Es por esto que la OCDE y otras organizaciones multilaterales han recomendado hacer extensivo el salario mínimo reducido, que hoy existe para los menores de 18 años, a los menores de 25 años. Se puede argumentar que el salario mínimo provee un ingreso muy bajo como para alcanzar un nivel de vida digno.

Si bien este argumento es cierto, el Estado puede solucionar este problema asegurando un nivel de vida digno con subsidios al ingreso y no llevando el salario mínimo a niveles que terminen afectando el empleo. De hecho, la Comisión de Trabajo y Equidad del año 2006 hizo una propuesta en la dirección de separar el problema de los bajos ingresos de los trabajadores del problema del bajo nivel del salario mínimo. Esta distinción también se tuvo en cuenta en el diseño y creación del ingreso ético familiar. En paralelo, los jóvenes con bajo nivel de capacitación se pueden beneficiar de un uso más extensivo de contratos de aprendizaje que le permitan adquirir calificación para así aumentar su productividad y sus salarios de mercado. Una reforma más fundamental, pero con efectos de más largo plazo, consiste en fortalecer la educación técnica profesional, la que se ha visto desplazada por el excesivo énfasis en la educación universitaria. En esto también hay experiencias interesantes en Europa, especialmente en Alemania.

Con todo, cabe destacar que no solo en Chile hay problemas en el mercado laboral. Lo mismo ocurre en los países avanzados, lo que ha quedado en evidencia con el impresionante aumento en el desempleo que ha acompañado al ciclo contractivo en países con mercados laborales rígidos (España, Grecia, Portugal, Italia, Francia) vis-à-vis el ajuste en países con mercados laborales más flexibles (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido).

Por lo tanto, no es sorprendente que la experiencia actual y previa haya dejado importantes lecciones en estos países. En primer lugar, es importante reducir la dualidad entre trabajadores protegidos y trabajadores desprotegidos. En segundo lugar, los seguros de desempleo tienen un rol importante aunque deben tener una duración definida y mantenerse en niveles que no terminen afectando el proceso de busca de empleo. Tercero, los salarios mínimos tienen un rol que jugar, siempre y cuando no se fijen en un nivel demasiado alto que termine afectando el empleo de los trabajadores con bajo nivel de calificación y baja productividad, y siempre y cuando se usen políticas efectivas para complementar los ingresos de las familias más desprotegidas.

Finalmente, es clave que la negociación sea a nivel de empresas y no de ramas, debido a que los niveles de productividad del trabajo tienen una gran dispersión entre empresas de la misma rama productiva, siendo por lo general la productividad más baja en empresas pequeñas y medianas, las que se ven negativamente afectadas con una negociación por rama (Bentolila, Dolado y Jimeno, 2012 y Drifill, 2013). ¿Cómo se compatibiliza el proyecto de reforma laboral en discusión en el Congreso con la irrefutable evidencia nacional e internacional sobre funcionamiento de los mercados laborales? Es positivo que la reforma incluya en las materias de negociación pactos de adaptabilidad, como también que se mantenga la negociación por empresa, y que se perfeccionen los sistemas de capacitación laboral y la regulación que les exige a las empresas con 20 o más mujeres tener salas cuna financiadas por la empresa, lo que termina mermando el empleo femenino. También son positivas las medidas para aumentar la cobertura del empleo femenino y el incentivo a una mayor contratación de mujeres a través del sistema de Alta Dirección Pública. Los problemas están principalmente en los temas no abordados por el proyecto, en particular la ignorada dualidad del mercado laboral, con alta protección a los trabajadores con contratos indefinidos en desmedro de los trabajadores a plazo fijo o con contratos temporales. Tampoco se toca el problema de mejorar la empleabilidad de los jóvenes entre 18 y 25 años a través de una reducción en su salario mínimo. De otra parte, el proyecto aumenta el poder de negociación pensando que esa es la forma de lograr un mayor aumento en los salarios y, en particular, le da a los sindicatos titularidad para negociar en desmedro de los grupos negociadores y restringiendo la extensión de beneficios a los trabajadores no sindicalizados a un acuerdo entre el sindicato y el empleador. El proyecto de ley va incluso más allá y elimina el reemplazo de trabajadores en caso de huelga. Las dificultades, complicaciones y potenciales costos de estas propuestas fueron muy bien analizadas por el ex ministro del Trabajo René Cortázar en su exposición sobre la reforma en Icare. Es por eso que la legislación debiera mantener el derecho a reemplazar trabajadores en nuestro esquema en que la negociación se da a nivel de empresa. De hecho, la legislación vigente ya hace que esta práctica sea muy poco frecuente. En una reforma laboral podemos pensar en tres grandes grupos que comparten beneficios y costos: (1) las empresas; (2) los trabajadores a tiempo completo con contratos indefinidos (quienes ya están dentro del mercado), y (3) los trabajadores con contratos temporales, los desempleados y los jóvenes que aún no han entrado al mercado del trabajo (quienes miran desde fuera). La actual reforma laboral se mueve en la dirección correcta en varios aspectos, pero falla en algunos elementos esenciales. Lo peor es que donde muchos ven una ayuda en la lucha del trabajador frente al empresario, en realidad se le están dando beneficios al trabajador protegido a costa del trabajador que está fuera, lo que no contribuye a la igualdad de oportunidades.