Uno de los temas recurrentes en los últimos meses ha sido la influencia de la (des)confianza en la evolución de la economía y en el clima social. Sin ir más lejos, el último informe del Banco Central aporta nuevos antecedentes para el análisis de este factor en el panorama económico actual. Se verifica que las causas del auge y caída de la confianza y de la inversión entre 2010 y comienzos de 2014 se producen por factores externos, específicamente por la evolución de los términos de intercambio y de las inversiones mineras. En cambio, desde mediados de 2014 la confianza cede ante la influencia del clima interno, lo que a su vez se extiende a la inversión. En los hechos, estamos atrapados en un círculo vicioso que se articula en torno a la desconfianza. De ahí que todos los esfuerzos debieran estar orientados a liberarnos de esta situación.

Se desprende de este riguroso análisis que cuando el país conoció las principales reformas que buscaba impulsar el actual Gobierno -a mediados de 2013- no se generó, por este hecho, un efecto adverso en la confianza o en la inversión. Más aún, se muestra con contundencia que los movimientos más significativos en el crecimiento y en la inversión desde 2010 se deben a los cambios en el escenario externo.

Entonces, la hipótesis que afirma que la desaceleración se produjo por el temor a dichas reformas, como lo proclamaron las autoridades de la época, no se sostiene. Probablemente se trató de un empeño comunicacional del gobierno anterior para disimular el hecho evidente de que el mayor crecimiento alcanzado en su período se debió al escenario externo favorable.

Una segunda invitación a la sensatez que surge de este análisis es el reconocimiento de que desde fines de 2014 la baja de la confianza empresarial tiene un origen interno, lo que a su vez influye en la trayectoria de la inversión. Este factor causa un menor crecimiento anual entre 0,5% y 1%, por lo que es relevante pero no sustituye la predominancia cuantitativa que tiene el nuevo escenario externo en la desaceleración interna.

A partir de estas observaciones se desprende que solo una fracción de la pérdida de confianza se explica por circunstancias internas. A su vez, la evidencia, registrada en distintos estudios de opinión, indica que la causa de este hecho está más en la forma en que el Gobierno decidió implementar las reformas que en sus fundamentos y objetivos. Es decir, el apresuramiento está pasando la cuenta, generando un cuadro de resistencia hacia ellas.

La actual situación es delicada, fundamentalmente porque reparar la confianza dañada es una condición necesaria tanto para llevar a buen puerto las reformas iniciadas como para retomar el crecimiento en una perspectiva de mediano plazo, especialmente por el escenario externo adverso que viviremos en los próximos años. Aún más, la construcción de confianza es una condición implícita de cualquier proyecto de desarrollo y de un Estado competente.

Cuando se plantea la interrogante sobre cómo recuperarla, surgen dos caminos muy diferentes. El primero apunta a la confianza emocional, que se produce por una identificación de las personas con los valores y los atributos de los líderes políticos. Este es un camino unilateral, que es muy difícil de conseguir y aún más de recuperar cuando se ha perdido. El segundo, en cambio, es el que se orienta hacia la confianza racional, que emerge del diálogo y de la coherencia de la acción que le sigue. Se apoya en la convicción de que el Gobierno está actuando en beneficio del país.

En las circunstancias actuales esta es la única ruta que podemos seguir. En ella la confianza se genera a través de espacios de interacción, en los que hay diálogo y acción. El diálogo debe partir del respeto mutuo entre las partes, lo cual es posible cuando existe una dignidad reconocida recíprocamente. A su vez, el despliegue de las agendas comunes debe ser coherente con los acuerdos que se generen, lo cual permite que la construcción de confianza sea la consecuencia de una experiencia de colaboración, más que una competencia por quién tiene la razón. Para que sean efectivos, estos espacios necesitan estar lo más institucionalizados que sea posible, porque es la mejor forma de protegerlos.

Sin embargo, los gobiernos suelen evitar el trabajo de articular al resto de la sociedad. En estos días, por ejemplo, se realiza en el Centro Cultural Estación Mapocho un evento orientado a promover iniciativas de desarrollo económico, que congrega a 41 expositores, de los cuales 30 son altos funcionarios públicos; dos son dirigentes laborales y siete, representantes de organizaciones de la sociedad civil o de universidades. Ninguno proviene de la empresa privada. Este despliegue desaprovecha una oportunidad valiosa de afianzar los deteriorados puentes de confianza.

Corregir lo anterior, aunque difícil, no es suficiente. El país se aproxima al inicio de un debate constitucional, anunciado para septiembre próximo, en medio de una crisis de confianza. Si bien puede decirse que es el peor escenario para una discusión de este tipo, también puede considerarse que representa una oportunidad. Si la reflexión constitucional se inicia con una revisión de los elementos comunes que nos vinculan como sociedad, podremos vislumbrar el país que queremos, tratando las discrepancias como situaciones en las que tenemos que detenernos a conversar para superarlas, porque en el fondo queremos vivir juntos.

La economía necesita de la competencia, pero para lograr una convivencia democrática no es la competencia lo importante, sino la colaboración. Y, como dice Humberto Maturana, toda convivencia se funda en la confianza y el mutuo respeto. Por ello, si el debate constitucional empieza por las materias de mayor complejidad, aflorarán las discrepancias y el afán de resolverlas a través de la imposición de una visión sobre otra. En palabras simples, la continuación de la espiral de desconfianza.

Estamos en un momento clave para el país, un tiempo en que tenemos que hacernos cargo con responsabilidad del país que queremos. Es el tiempo de la construcción de los acuerdos que permitirán a Chile alcanzar los estándares de una sociedad justa y con oportunidades para todos, pero también el tiempo de dar el salto definitivo al desarrollo, a través de reformas que generen un nuevo impulso de progreso económico y social.

Jorge Marshall
Economista y Ph.d. Harvard