A "la desobediente sicología de los hombres de negocios" atribuía Lord Keynes el devenir de los ciclos económicos. En su último informe monetario, el Banco Central identifica el derrumbe de las expectativas empresariales como causa del frenazo de la inversión y la consiguiente desaceleración del crecimiento. Expresa con inusual claridad su preocupación por que estas "sigan claramente en el terreno pesimista".

El mensaje del Banco Central -guardián de la estabilidad económica por mandato legal- es importante y debe ser oído. A diferencia del famoso y controvertido economista inglés, no culpa a los inversionistas de un temperamento caprichoso. En una interesante investigación econométrica intenta desentrañar el origen de la desconfianza empresarial y concluye que no sería consecuencia de la adversa evolución de la economía mundial o nacional, sino de otros factores, los que -sin detallar- denomina "shocks autónomos". Entonces, la tradicional receta keynesiana del incremento del gasto fiscal, o la expansión monetaria, no servirían como instrumento reactivador. Más bien podrían provocar una perniciosa aceleración de la inflación.

Cabe conjeturar que entre los aludidos "shocks autónomos" están las reformas "de fondo" que promueve el Gobierno, las que parecen haber puesto en duda el real compromiso del país con la ardua carrera del desarrollo. Es buena noticia que en Icare el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, también se haya mostrado preocupado por la lentitud de la economía e intentado levantar las expectativas. Pero no parece hacerse cargo de la raíz del mal.

Un botón de muestra: un proyecto de ley de gobiernos regionales, que hoy se tramita, instituiría planes de "ordenamiento territorial", diseñados a nivel regional, de carácter vinculante y con directa injerencia en la ubicación de las inversiones energéticas y otras actividades industriales a lo largo de todo el territorio nacional y borde costero. Su propósito sería proteger los recursos naturales y cautelar nuestro "patrimonio paisajístico, histórico y cultural". Se superpondría al ya engorroso procedimiento de evaluación ambiental y al actual enjambre de áreas silvestres protegidas, monumentos nacionales, zonas de interés turístico y territorios indígenas. Desde luego, es importante preservar nuestra riqueza cultural y natural, pero fácil es imaginar que el instrumento propuesto -la planificación territorial imperativa- durante su prolongada tramitación y futuras modificaciones paralizaría las inversiones, sería presa fácil de los activistas de diverso signo y abriría amplio espacio a los abusos y la corrupción.

Si el Gobierno no se decide a desahuciar ideas tan contraproducentes, ni siquiera un triunfo en la Copa América será capaz de infundir nuevos bríos a nuestra apesadumbrada economía.