El mensaje vino de la mismísima Presidenta Bachelet el pasado 21: "...sin crecimiento fuerte y sostenido, las políticas de equidad e inclusión carecen de bases sólidas". Habiendo privilegiado su gobierno la redistribución de ingresos, y logrado un magro 2,4% de crecimiento en su primer año, esas palabras no pueden sino interpretarse como una saludable retractación. El desafío del nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, es rectificar el rumbo.

El programa legislativo del Gobierno ha creado un ambiente antagónico a la inversión y la productividad, principales fuentes del crecimiento futuro. Hace bien el ministro en comprometerse a cuidar la "ingeniería de detalle" de las reformas, en crear confianza entre los inversionistas y no depender solo de la expansión del gasto fiscal, ya muy acelerada. Hace bien la Confederación de la Producción y del Comercio en reunir una comisión de alto nivel técnico para proponer iniciativas en favor de una mayor productividad. Pero la tarea será ardua.

La misma semana en que la Presidenta emitía su revelador pronunciamiento, el Comité de Ministros de su gobierno -instancia eminentemente política- echaba abajo la resolución ambiental regional para un proyecto minero en Arica y creaba un santuario de la naturaleza en un cajón cordillerano de la Región del Maule, lo que probablemente dificultará la aprobación de un proyecto hidroeléctrico allí situado. La politización de las decisiones ambientales -que abarca también a muchos de los fallos judiciales vinculados a ellas- es hoy el principal obstáculo a la inversión en Chile. Mirando hacia adelante, la excesiva carga tributaria sobre las empresas, la extemporánea reforma laboral y el amenazante "proceso constituyente" pesan muy adversamente sobre la rentabilidad y el riesgo de las inversiones.

Chile está descendiendo en los rankings internacionales de competitividad -según el último, cayó cuatro puestos el año pasado y 10 puestos desde el 2011-, y el Gobierno no le ha dado la prioridad que se merece a la tarea de fomentar la productividad que habíamos comenzado en la administración anterior. Aunque mucho de ese esfuerzo quedó a medio camino, ayudó a impulsar una auspiciosa ola de emprendimiento e innovación. Todavía hoy el ritmo de creación de sociedades es de 8.000 al mes, 2,5 veces superior a lo que solía ser. La inversión privada en investigación y desarrollo acogida a beneficio tributario alcanzó los US$ 50 millones el 2014, quintuplicando lo registrado dos años antes. La experiencia indica que unas cuantas señales acertadas pueden bastar para reencender los poderosos motores de progreso con los que cuenta una economía de libre mercado.