El objetivo estratégico del Gobierno es construir una sociedad más justa, con menos desigualdades y abusos. Este objetivo se plasmó en el programa de gobierno que la Presidenta de la República está llevando a cabo. La resolución del problema de la desigualdad en nuestro país tiene instrumentos de largo plazo y de corto plazo. Un instrumento de largo plazo es la reforma educacional en todos sus capítulos. La brecha entre educación fiscal, particular subvencionada y particular pagada se irá cerrando en el mediano y largo plazo. El otro instrumento para construir una sociedad más justa es la reforma laboral. Tiene resultados inmediatos apenas se aplique la ley, en términos de otorgar mayor poder al mundo de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.

La legislación laboral en Chile en su historia contemporánea, como otras tantas legislaciones, tiene que ver con el contexto político, social y económico del país, y con la correlación de fuerzas inherentes a la distribución de ese poder. La legislación de la década del 20 y el Código del Trabajo del año 1931 no se entienden sin la crisis política de esa década, la constitución de las capas medias como actor político y el surgimiento de la izquierda, en tanto partidos y conductores de la organización sindical. El incremento del poder de los trabajadores entre el año 32 y 73 tiene que ver también con la correlación de fuerzas desplegadas en ese período. No es casualidad ni producto del azar que la mayor tasa de sindicalización en la historia de Chile y el mayor poder de negociación colectiva de los trabajadores se lograron durante el gobierno del Presidente Salvador Allende. Tampoco es coincidencia o producto del azar que durante la dictadura militar el movimiento sindical haya sido aniquilado y la legislación de 1980 de José Piñera y el nuevo Código del Trabajo que de allí surgió colocaran a los trabajadores en una situación de profundo desequilibrio frente al capital. Tampoco es ajeno a la nueva correlación de fuerzas la reforma laboral del Presidente Aylwin en 1990, que restituyó, "en la medida de lo posible", antiguos derechos sindicales arrasados por la dictadura.

Por lo anterior y ante el triunfo de Michelle Bachelet, de la Nueva Mayoría y del programa que los acompaña, en el 2013, es imprescindible una reforma laboral sustantiva que recupere, por una parte, a plenitud el poder y fuerza de los trabajadores organizados frente al poder del capital. Eso es la reforma laboral hoy día en trámite en la Cámara de Diputados. Cabe recordar que al enviarse este proyecto al Parlamento, la tasa de sindicalización en Chile, incluyendo al sector público, no alcanza al 15%; y la tasa de negociación colectiva no supera el 10% del mundo del trabajo. Solo a manera de comparación, a principios de la década del 70 esta cifra superaba en el primer caso el 30% y el segundo, más del 20%. Las claves del actual proyecto de ley son la titularidad sindical y el fin del reemplazo en la huelga. Ambos instrumentos son convergentes en el fortalecimiento del poder de negociación en el mundo del trabajo.

La debilidad del movimiento sindical en los últimos 40 años, precisamente, proviene de la vulnerabilidad de ambos instrumentos. Por ejemplo, el hecho de que la lucha del sindicato por mejores condiciones de trabajo y remuneraciones, automáticamente les llegue a los no sindicalizados, debilita la organización sindical por razones obvias. Es decir, para muchos trabajadores da lo mismo estar sindicalizado o no, ya que los beneficios de los primeros les llega a los segundos sin el menor esfuerzo. Por otra parte, el reemplazo en las condiciones actuales de los trabajadores en huelga transforma en letra muerta el principal instrumento de poder de los trabajadores, que es la paralización de las actividades de esa unidad económica. Si la empresa con la huelga que hoy conocemos puede seguir operando, le da lo mismo si los trabajadores la declaran o no.

Por todo lo anterior, es imprescindible que el Gobierno y la Nueva Mayoría no cedan ante el mundo empresarial, que no está por restablecer el equilibrio entre el trabajo y el capital, sino por el contrario, en perseverar con las reglas instauradas en la dictadura y mejoradas "en lo posible" durante la transición, que han mantenido el desequilibrio entre el factor capital y el factor trabajo, privilegiando al primero. Es de esperar que la "cocina" y las "galletas" esta vez no funcionen en el Senado.