Hace muchas décadas, el ABC de Sudamérica era sinónimo de distinción, y correspondía a los tres países de mayor desarrollo relativo del continente. Pero después, mientras Argentina (desde la década de 1950) y Brasil (desde la de 1980) se estancaban, Chile se movía en dirección contraria, mejorando sus políticas e instituciones y logrando un desarrollo económico, con un fortalecimiento gradual de la democracia. Sin embargo, hoy la institucionalidad de Chile está cuestionada por la vorágine de casos judiciales que arrastran al Gobierno, a la clase política y al sector privado. La credibilidad del Gobierno se ha derrumbado por sus malas reformas, los casos de corrupción y un débil desempeño económico. Por lo tanto, ¿estamos convergiendo a la mediocridad del vecindario?

Pues bien, la historia personal y el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet tienen mucho en común con los casos de la Presidenta Kirchner de Argentina y de la Presidenta Rousseff de Brasil. Las tres damas son sexagenarias y profesionales, aunque no hay prueba de los títulos profesionales en los casos de Fernández de Kirchner y Rousseff. Bachelet y Rousseff fueron víctimas de violaciones de sus derechos humanos durante las dictaduras en sus países respectivos. Las tres Presidentas son políticas de carrera y carecen de experiencia laboral en el sector privado. Las tres ejercen un segundo período presidencial, encabezando coaliciones dominadas por el partido de su militancia. Dichas coaliciones también incluyen al Partido Comunista en los casos de Brasil y Chile. Ello contribuye a la cercanía de los gobiernos -que va de moderada a intensa- a las dictaduras de Cuba y Venezuela. Ninguna de las tres gobernantes ha recibido jamás a opositores y víctimas de derechos humanos de Cuba y Venezuela. Mientras que hace pocas semanas casi todo Chile recibía solidariamente a las esposas de los dos principales detenidos políticos de Venezuela, la Presidenta Bachelet no lo hacía. A diferencia de los líderes importantes del mundo democrático (como Obama, Merkel y Cameron), ninguna de las tres Presidentas ha invitado o recibido al Dalai Lama, el admirado líder espiritual mundial y del Tíbet.

Argentina y Brasil son países de intensa corrupción, que ha empeorado aún más bajo las presidencias actuales. La familia Kirchner y el gobierno argentino son acusados sistemáticamente de extorsiones y corrupción masiva. La corrupción gubernamental en Brasil es rampante, y el reciente caso de la estatal Petrobras es solo la guinda de la torta. Se estima que US$ 2.100 millones fueron robados a Petrobras para financiar a políticos del partido gobernante y sus campañas políticas, práctica que habría comenzado desde que Rousseff era ministra de Minas y Energía en el gobierno de Lula.

En Chile creíamos que estábamos en una liga superior, de país OCDE con poca corrupción. Perdimos esta ilusión con los casos de corrupción masiva y flagrante que han explotado en los últimos meses, afectando a empresas privadas, a políticos de todos los bandos, al Gobierno y a la Presidenta Bachelet. Las investigaciones judiciales en curso de los casos Penta (financiamiento ilegal de campañas políticas de opositores), SQM (financiamiento ilegal de campañas de políticos y de actuales funcionarios de gobierno) y Dávalos Bachelet o Caval (uso de información privilegiada y tráfico de influencias en negociaciones incompatibles) sorprenden cada día con nuevas aristas y nuevos actores envueltos en estos hechos. Al menos esto refleja -en contraste con Argentina o Brasil- la fortaleza del Ministerio Público de Chile.

El aumento de la corrupción y del nepotismo en los tres países está asociado con la gran expansión del Estado. Los Kirchner duplicaron el gasto público en Argentina, elevándolo desde el 20% del PIB en 2003 a un altísimo 40% del PIB en 2015. Rousseff no se queda atrás, igualando en 2015 el triste récord argentino de un gasto fiscal equivalente al 40% del PIB. En ambos países, el Estado va mucho más allá del gasto público, con un sector de empresas estatales hipertrofiado y corrupto. En Chile, el tamaño del Estado aún es menor que en nuestros vecinos, pero va creciendo aceleradamente en los gobiernos de Bachelet. La relación de gasto fiscal a PIB crece desde 18% en 2006 a 25% en 2015 y, debido a la reforma tributaria, a un proyectado 27% en 2018. Ello implica que el gasto del gobierno relativo al PIB aumenta en 50% (y en mucho más, en términos absolutos) entre el primer año de la primera Administración y el último año de la segunda Administración de la Presidenta Bachelet. Además, el crecimiento del Estado en Chile, bajo el actual gobierno, irá más allá del gobierno central si el gobierno implementa sus anuncios de nuevas actividades y empresas públicas.

En materia de reformas estructurales, la Argentina bajo los Kirchner, con nacionalizaciones y sobrerregulaciones, ha ahogado al sector privado. El Brasil de Lula-Rousseff, con un Estado ya hipertrofiado, ha fallado en implementar necesarias desregulaciones y privatizaciones. En Chile, la Presidenta Bachelet ha pasado o está a punto de pasar tres reformas -tributaria, educacional y laboral- que están extraordinariamente mal diseñadas y afectan negativamente el crecimiento presente y futuro del país, sin mejorar la equidad. La población chilena entiende perfectamente esto, rechazando muy mayoritariamente estas tres reformas. Por ello, como resultado de las malas políticas en los tres países, no sorprende su masiva pérdida de dinamismo económico. Argentina y Brasil están ahora en recesión. No obstante las buenas condiciones internacionales, el PIB de Chile crecerá a un magro 2,7% en 2015, después de un paupérrimo 1,9% en el año pasado. Para los años 2016-18, el FMI proyecta un crecimiento promedio de apenas 3,5% para Chile. Esta cifra es muy baja en comparación con nuestro crecimiento en todas las presidencias previas, y, especialmente, considerando el ya pobre desempeño de los años 2014-15. Con este magro crecimiento ya no seguiremos cerrando la brecha entre nuestro PIB per cápita y el de EE.UU. En 2013 marcamos un nivel de relativo récord de nuestra historia: el 42,4% del producto per cápita de EE.UU. Después de 2013, nuestro PIB relativo disminuye o se estanca.

Quien siembra vientos cosecha tormentas. Corrupción y nepotismo rampante, malas políticas y estancamiento económico son el campo de cultivo para el desarrollo de las crisis políticas que sufren hoy Argentina, Brasil y Chile. El electorado lo entiende así: la pérdida de apoyo popular de las Presidentas en sus segundos mandatos ha sido dramática. Ha disminuido el apoyo a Fernández de Kirchner de 55 a 27%, a Rousseff de 42 a 12% y a Bachelet de 54 a 31%.

En resumen, aunque hay significativas diferencias entre los tres países y sus instituciones -Chile está aún a una buena distancia de Argentina y Brasil-, también hay extraordinarias (y mayormente lamentables) coincidencias entre las tres Presidentas y sus gobiernos. Alguien podría inferir de estos tres casos que estas falencias gubernamentales se deben al género de quienes ejercen el Poder Ejecutivo. Esta inferencia sería un craso error. Porque hoy hay extraordinarias mujeres gobernantes en otras latitudes. La presidenta de Corea del Sur y las primeras ministras de Dinamarca y Noruega son magníficas jefas de gobierno, y dos de ellas son muy bien evaluadas por sus electores. Y entre los jefes de gobierno más efectivos y mejor evaluados está Angela Merkel, la Canciller alemana.

Finalmente, ¿convergerá Chile a Argentina y Brasil? Hay dos escenarios posibles. Escenario pesimista: El mal manejo político, económico y social continúa bajo el gobierno actual y se intensifica bajo un gobierno populista elegido en 2017. Escenario optimista: Las aún fuertes instituciones de Chile, la masa crítica de líderes políticos y sociales aún respetados y el sentido común (aunque sea "el menos común de los sentidos") llevan a superar la crisis actual con reformas razonables y consensuadas bajo este gobierno. Y en este escenario, un próximo gobierno, con una sólida y equilibrada mayoría parlamentaria, realizaría buenas reformas estructurales, incluyendo verdaderos cambios procrecimiento y equidad: del sistema tributario, de la educación y de los mercados laborales.

Estimado lector, ¿cuál es su escenario?