El paro de advertencia de los sindicatos portuarios, forestales, del cobre y de la construcción, por su rechazo a las indicaciones del Ejecutivo al proyecto de reforma laboral y a la oposición del movimiento empresarial, así como el bloqueo del acceso al aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez por un grupo de trabajadores de Lan en huelga legal, pueden ser signos de que la exaltación de la presión sindical como instrumento redistributivo ya puede estar provocando efectos reales.

En nuestra actual legislación, la huelga es aceptada solo como un recurso extremo en las negociaciones, debido al evidente daño que suele provocar sobre terceros, tanto sobre los trabajadores no huelguistas como sobre consumidores y proveedores de la empresa afectada. Para aminorar tales efectos, bajo ciertas condiciones, el reemplazo temporal de los huelguistas es permitido, lo cual en ningún caso significa que aquella pueda operar en forma normal. Aunque costosa, su función es transparentar, a ojos de empleadores y empleados, la productividad específica atribuible a los trabajadores paralizados y, por tanto, ayudarles a acordar remuneraciones equivalentes a su real aporte a la marcha de la empresa.

No es así, sin embargo, como ve el proyecto de Gobierno el rol de la huelga. La visualiza como arma de presión que permitiría a los trabajadores captar una mayor fracción de la renta generada en las empresas. No es de extrañar que ese predicamento lleve a algunos a estimar insuficiente la reforma propuesta. Si la negociación colectiva y la huelga ya no son solo para apreciar al interior de la empresa la productividad de los trabajadores y su justa remuneración, sino un instrumento de la política de redistribución de ingresos, es entendible que la CUT -y no pocos parlamentarios oficialistas- considere contraproducente el que durante la huelga deban mantenerse operativos ciertos servicios mínimos, que el piso en las negociaciones no sea reajustable por IPC e incluso que no resulte obligatorio para el empleador allanarse a negociar con federaciones o confederaciones de trabajadores de diversas empresas del rubro, aunque sean estas de tamaño y condición muy diferentes a la suya.

La relativa tranquilidad laboral que ha reinado en Chile comienza a resentirse. Un grupo de trabajadores en huelga estima legítimo intentar paralizar el aeropuerto de Santiago y un conjunto de dirigentes sindicales de importantes rubros decide hacer presente su insatisfacción con la reforma mediante un paro ilegal. La CUT no solo respalda ese movimiento, sino que su presidenta, Bárbara Figueroa, califica como "presión indebida" un video en el que diversos gremios critican pacífica y democráticamente la reforma, y -en entrevista en un diario- declara que "así como el empresariado tiene muchos recursos para sacar videos... ante la ofensiva económica de grupos de poder como el empresariado, lo que nosotros tenemos es la fuerza organizada, y ante eso nuestra respuesta será con movilización". Extrañamente, otros gremios liderados por correligionarios de Figueroa utilizan videos para impulsar sus campañas en favor de cambios en las legislaciones de su interés. Cuando esa lógica se impone, es señal inequívoca de que el debate sobre la reforma laboral comienza a tomar un giro hacia terrenos cerrados al diálogo. Las movilizaciones y paros ilegales anunciados parecen ser una suerte de preestreno de la mayor conflictividad laboral que puede traer consigo la reforma en que se ha embarcado el Gobierno.