La expresión salió a la luz hace varios años por unas facturas que habían sido pagadas por la candidatura del senador Guido Girardi. Se trataba de facturas falsificadas, y el propietario de Publicam, la empresa que las emitía, sufrió sanciones penales, así como el administrador de la campaña del senador.

El caso Penta las puso de moda nuevamente, con una variante. Ya no se trataba de facturas falsificadas, sino de facturas en que había una presunción que el servicio no se había prestado, o que éste no correspondía ya sea por costo o descripción a lo que expresaba la factura o boleta. Y allí el Servicio de Impuestos Internos (SII) se metió en camisa de once varas, porque resulta extraordinariamente difícil calificar la naturaleza e idoneidad de servicios de distinta índole y especialidad; y esa calificación, necesariamente arbitraria, podría llevar a personas a la cárcel al constituir un delito de carácter penal.

El SII cambió de criterio. Antes las boletas o facturas que merecían dudas daban origen a una sanción administrativa, y solo eran calificadas de gasto rechazado, por lo que había que pagar los impuestos y las multas correspondientes. Me aseguran algunos, y no tengo por qué dudar, que este cambio de criterio del SII empezó hace un par de años, antes del caso Penta; puede ser así, pero lo cierto es que se hizo caer, con todo su peso, sobre los imputados en este bullado caso.

De ahí llegamos al estado de cosas en que una factura de Andrés Velasco por servicios prestados a empresas Penta llevó a un allanamiento de la Policía de Investigaciones en su casa, con toda la prensa, convenientemente avisada por alguien, presente para captar imágenes y notas. No ocurrió lo mismo, que sepamos, con el actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, pese a que la fundación que presidía también había facturado a Penta en un período cercano a su campaña a senador, con el agregado de que la factura tenía como domicilio el de una botillería.

El caso SQM, ahora en la palestra, ha llevado al Servicio de Impuestos Internos a presentar una querella por pagos de 18 millones de pesos. Posteriormente hay una denuncia del SII que incluye a tres ejecutivos y otras nueve personas. En estos casos nuevamente aparece el concepto de ideológicamente falso, pues los dineros tras esas boletas o facturas encubrirían pagos a políticos. Otras boletas, entre ellas una pagada al actual subsecretario general de Gobierno, no merecieron al parecer esa calificación. Para tener una consecuencia penal, es mucha la discrecionalidad que se ha entregado a Impuestos Internos.

Incluso cierta prensa saca a colación facturas de Libertad y Desarrollo y de la Fundación Chile 21, que no merecen objeción del SII, porque ciertamente en estos casos no hay una imputación de falsedad ideológica (el domicilio de las facturas corresponde al de las casonas en que operan ambos think tanks, y no a una botillería). Pero, claro, presentarlas en un noticiario central de TV como pagos de SQM puede dejar otra impresión. Además, el presidente de Chile 21 es Carlos Ominami. Filtrar esos datos de la contabilidad de SQM puede ser útil políticamente. ¿Por qué ocurre algo así? ¿No podríamos calificar la presentación de esa información como ideológicamente falsa?

La filtración de información y el ambiente de caza de brujas llevan ahora a la Presidenta Bachelet a declarar que los funcionarios tienen derecho a defenderse y al ministro Peñailillo a decir que no puede ser que se persiga a personas por filtraciones.

Uno podría concordar en general con estas opiniones de las dos más altas autoridades del Poder Ejecutivo en nuestro país. ¿Pero por qué ahora? ¿En el caso Penta no aplicaban acaso los mismos conceptos?

Esa es la importancia que tiene el que las instituciones del Estado no se usen para obtener ventajas políticas ni para atacar a los adversarios.

Quizás por eso Jovino Novoa, un blanco muy apetecido por sus adversarios, ejerció su derecho a guardar silencio frente a la Fiscalía en el marco del caso Penta, señalando que solo declarará ante los tribunales. Su justificación es que estamos frente a una investigación ideológicamente falsa.