En un clima denso y tenso se apresta el Gobierno a celebrar su primer aniversario. Pero lo decisivo para el país es el año que comienza ahora.

Envalentonado por su victoria electoral y respaldo parlamentario, el Gobierno quiso en su primer año avanzar sin transar -un poco al estilo sesentero- ciertas reformas de fondo a nuestro modelo económico y social. Con algunas enmiendas, logró aprobar las reformas tributaria, educacional y electoral, pero la prepotencia con que ellas fueron inicialmente presentadas, su sesgo ideológico e intencionalidad política, y sus múltiples fallas técnicas minaron su apoyo ciudadano. Según las encuestas, iniciativas que en un comienzo parecieron populares terminaron reprobadas por la opinión pública; los ministros que las impulsaron fueron fuertemente castigados por fuego político, amigo y enemigo; la economía se hundió en una severa desaceleración, y el Gobierno sufrió rápido desgaste de su apreciable capital político.

El Gobierno ha contado con un activo valiosísimo: el formidable ascendiente de la Presidenta Bachelet sobre su ancha y dispar coalición. Pero en las últimas semanas el destape del escándalo de los negocios de su hijo -quien había sido imprudentemente designado en un alto cargo de Gobierno- ha golpeado fuertemente la popularidad de la Mandataria y cuestionado su liderazgo. El episodio trasunta nepotismo, privilegio, abuso y codicia, lo que repugna al país entero. Con la sucesión de escándalos que han sacudido al mundo político la imagen de excepción latinoamericana, que tanto ha favorecido a Chile, se desvanece aceleradamente.

El Gobierno parece ahora enfrentado a una encrucijada. Sería lamentable que se inclinara -también a guisa sesentera- por "extremar las contradicciones": poner acelerador a fondo en la reforma laboral, aunque fomente la confrontación y la huelga en detrimento de las oportunidades de trabajo; promover la universidad gratuita codiciada por los dirigentes estudiantiles, aunque signifique emplear recursos fiscales escasos para subvencionar a los hijos de familias acomodadas; enfilar la retroexcavadora contra las garantías de estabilidad y libertad económica que ofrece la Constitución. El daño económico y social que todo ello acarrearía bien podría dar lugar a "pulsos eruptivos" ciudadanos mucho más peligrosos que los del volcán Villarrica.

La ruta alternativa es hacer un alto en el frenesí reformista, procurar nuevamente acuerdos transversales y fomentar los incipientes -pero frágiles- brotes de reactivación que parecen haber comenzado a reverdecer el paisaje económico.

La oposición, aunque minoritaria en el Congreso y descorazonada por sus propias tribulaciones, debe buscar el modo de reunir sus fuerzas, hacer ver con convicción sus propuestas alternativas y colaborar con el Gobierno en encontrar el camino del entendimiento y la sensatez.