Durante el mes de diciembre la Fundación Chile 21 -donde trabajo- hizo pública su propuesta sobre financiamiento a la política, considerando el complejo escenario que se abría a propósito del llamado caso Penta. Hoy, después de varios hechos de alta connotación pública, reafirmamos nuestro compromiso en que el Estado y el conjunto del espectro político enfrente y supere esta situación.

Las reformas institucionales son indispensables para que situaciones como estas no ocurran y que, de ocurrir, reciban drásticas y ejemplares sanciones. No obstante, creemos y llamamos también a generar una discusión profunda sobre la ética en el ejercicio de la política y los negocios. La legislación ayuda, pero no reemplaza la integridad en la actividad pública.

El Gobierno envió en diciembre un proyecto de ley sobre "fortalecimiento y transparencia de la democracia". Valoramos ese esfuerzo y creemos que el proyecto tiene varias cosas rescatables, pese a que esta discusión está incompleta si no considera una fortalecimiento del Servel, proyecto comprometido por el Ejecutivo para la primera quincena de abril. Al respecto, nuestra propuesta señala lo siguiente:

1. Término de los aportes provenientes de las personas jurídicas.

2. Mantención del carácter anónimo de las donaciones hasta 20 UF si el donante así lo demanda. Este tipo de aportes no debe sobrepasar el 10% del total de gasto de campañas.

3. Transparencia total a las donaciones superiores a las 20 UF, terminando definitivamente con los aportes reservados, pero manteniendo los límites de la actual legislación.

4. Sanciones ejemplares al financiamiento ilegal. En el caso del candidato presuntamente electo o en el ejercicio de su cargo, la sanción será la imposibilidad de ejercer su mandato y la prohibición de ejercer cargo público por 5 años. En el caso del candidato no electo, la sanción será la prohibición de ejercicio de cargo público por el mismo período.

5. Para el donante ilegal, el castigo será una multa equivalente al aporte cuestionado y la pérdida de su derecho a sufragio.

6. Disminuir los límites de gasto considerados en la actual legislación, especialmente en aquello que tiene que ver con el cálculo sobre el número de electores existentes.

7. La vulneración del límite del gasto será sancionado con a) multa progresiva de acuerdo al monto sobrepasado y, b) la invalidación de la elección del candidato que haya sobrepasado el límite de gasto establecido.

8. Frente a una presunción fundada de transgresión a la legislación electoral, se ampliará el plazo de prescripción de manera de profundizar la investigación correspondiente.

9. Aumento de 1 a 6 meses del período de rendición de gastos.

10. Establecimiento de un registro de proveedores para partidos y candidatos en períodos de campaña.

11. Obligatoriedad de una auditoría exhaustiva a un número limitado de candidatos escogidos al azar y facultad del Servel para poder externalizar este ejercicio de fiscalización.

12. Delimitación rigurosa de las zonas para publicidad en la vía pública, de manera de terminar la costosa y violenta disputa de los lugares estratégicos en las distintas comunas.

13. Regulación y control de las campañas que se realicen por internet y diversas plataformas, incluyendo dispositivos móviles.

14. Establecimiento de un sistema de tarifas para la franja radial en períodos de campaña.

15. Ampliación de la titularidad de los denunciantes, hoy día fuertemente restringida.

16. Financiamiento permanente a los partidos, obligándolos a someterse a los principios de transparencia activa y pasiva; es decir, que no solo deban publicar cierta información en sus sitios web, sino que también deban responder las solicitudes de la ciudadanía respecto a determinados requerimientos.

17. Los partidos quedarán sometidos a la fiscalización del Servel y del Consejo para la Transparencia, en las materias que competen a cada uno.

18. Fortalecer el Servel con la ampliación de sus facultades y sus recursos humanos, técnicos y financieros. Esto implica otorgarle competencias adecuadas para la fiscalización proactiva de los gastos de campaña, las elecciones internas de los partidos, el funcionamiento de sus organismos de dirección, las primarias y, en general, poner este servicio a la vanguardia de los temas electorales, convirtiéndose en una entidad que incida en el debate de la reforma del régimen electoral, incluyendo no solo la forma en que se asignan los escaños, sino también poniéndose a la vanguardia de los procesos electorales, como el voto electrónico, el voto adelantado, la promoción de educación ciudadana y democrática, entre otros.

19. Perfeccionamiento de las normas destinadas a limitar la intervención gubernamental en períodos de campaña, especialmente en materia de inauguraciones y urgencias legislativas.

20. Promover la reforma a los partidos políticos. Esta es una promesa que varios gobiernos han hecho y que no se ha logrado consolidar.

21. Declaración de patrimonio e intereses, que implica no solo ampliar la cantidad de declarantes, sino también el detalle de lo que se informa y el control estricto de su veracidad. Así mismo, todas estas declaraciones debieran estar sujetas al control de la Ley de Transparencia.

22. Ampliación de los sujetos obligados de la Ley de Transparencia. Nuestra ley de transparencia y acceso a la información pública cumplirá siete años. Creemos que es hora de darle mayor relevancia, generando una ampliación sustantiva de los sujetos obligados, promoviendo, al mismo tiempo, el ejercicio de la transparencia pasiva como una herramienta fuerte y eficaz de la ciudadanía para controlar al poder político, la administración del Estado, evitando cualquier manto de opacidad que abra la puerta a la corrupción.

23. Revisar la Ley de Lobby recientemente aprobada.

24. Límite a las remuneraciones en el sector público. Creemos que es importante revisar las remuneraciones que existen en el sector público, particularmente aquellas que se refieren a las asesorías y los contratos de funcionarios a honorarios. La dimensión ética de la política implica revisar el sistema de remuneraciones de los niveles directivos.

25. Controlar la llamada "puerta giratoria" de personas que, después de ejercer un cargo público, pasan a las empresas reguladas del sector privado vinculadas con su anterior gestión. El plazo debería ser de dos años luego de dejar el cargo público.