Así se llama una popular serie televisiva que, con harta exageración pero también con acierto, ilustra cómo los escándalos de políticos y empresarios se han tornado cotidianos en las democracias. La difusión de sus caídas no solo es manjar mediático, sino que ayuda a contener los abusos de poder porque provoca la repulsión de la ciudadanía. Pero, en el calor de la refriega política, las acusaciones suelen ser poderosísima arma contra los rivales y ser empleadas sin ningún ánimo por desentrañar la verdad.

Son, por cierto, repudiables los casos conocidos de evasión tributaria, financiamiento ilegal de campañas y negociaciones impropias de familiares de autoridades que han salpicado a todos los sectores políticos este verano. Corresponderá a los tribunales determinar culpas y sanciones. Aunque a escala internacional no son especialmente graves, que los trapos sucios se laven a la luz del día es sano para prevenir la peligrosa pendiente de la corrupción.

Por otra parte, es lamentable el descrédito de personas e instituciones que han prestado valiosos servicios al país. Excepciones aparte, la política chilena está muy lejos de ser el negocio turbio que hoy muchos denuncian. Inevitablemente, las campañas electorales cuestan plata. Limitar excesivamente sus gastos o fuentes de financiamiento implicaría favorecer a los actuales titulares de los cargos, en desmedro de la saludable competencia de nuevas ideas y candidatos. La subvención estatal ayuda a emparejar la cancha, pero debe ser proporcional a la votación obtenida y ello premia más a quien ya es popular. Nuestra legislación sujeta las contribuciones particulares a límites y condiciones. Aunque mejorable, al mantener en reserva la identidad del donante, procura evitar el tráfico de influencias, así como desalentar aportes políticos subrepticios -sobres con billetes, facturas "ideológicamente falsas"- como los que se han conocido.

Más allá del financiamiento electoral, la mejor defensa contra la corrupción es la dispersión del poder. En una economía libre, abierta, transparente y competitiva no hay mayor espacio para el tráfico de influencias. Cuando impera la ley pareja es poco lo que el empresario inescrupuloso puede conseguir del político amigo. La defensa de la propiedad privada, la libre competencia, la independencia y calidad de los reguladores, las políticas no discrecionales ni selectivas, son eficaces antídotos contra la corrupción.

A causa de las denuncias que la afectan, paradójicamente, se ha culpado a la centroderecha de estar al servicio de oscuros intereses. Su apoyo al sistema de economía libre y su rechazo al activismo estatal son precisamente antagónicos al otorgamiento o preservación de granjerías y privilegios sectoriales o individuales.

Estimo que, junto con exigir elevados estándares éticos a políticos y empresarios, sus partidos deberían hoy mostrar más convicción y coherencia en la defensa de una economía más libre, abierta, transparente y competitiva.