El ritmo de crecimiento en Chile, menor al 2% el año 2014, sigue siendo magro. La esperanza de las autoridades de que repuntaría al terminar el 2014 se ha postergado para la segunda mitad del 2015. La nota optimista que dio el Gobierno es que habría cumplido con creces sus metas de gasto al cerrar la ejecución presupuestaria, subiendo la participación del Estado en la economía. Esto, que es un motivo de orgullo para las autoridades, no garantiza que los chilenos vivamos mejor en el mediano plazo. La realidad de lento avance que vivimos está conformada por lo que está sucediendo en el plano interno y por la evolución del contexto externo.

Internamente, la situación es paradojal. Las instituciones económicas del país -privadas y públicas- son sanas y la estabilidad macroeconómica está bien fundada. Las empresas son competitivas y tienen gobiernos corporativos flexibles y capaces de seguir en la carrera del progreso. El sistema financiero no muestra ningún signo de riesgo sistémico y ha sido capaz de absorber sin problemas los eventos de iliquidez o capacidad de pago inevitables en la vida real. El fisco no tiene prácticamente deuda neta, el tipo de cambio es flexible y facilita las adaptaciones de la economía sin traumas y el Banco Central tiene independencia validada políticamente. Pero si esto es así, ¿por qué el país crece tan lentamente?

En realidad, mientras el entorno antes descrito estuvo unido a un ambiente de respeto a la propiedad privada, favorable para quien asume riesgos ahorrando e invirtiendo, con respeto para el que creaba empleo, con reglas de juego sectoriales predecibles y estables, además de una integración al mundo amplia y dando una clara bienvenida al inversionista externo, el país progresó con fuerza y como no lo había hecho en su historia. La productividad se aceleró y todos nos beneficiamos. Pero ello paulatinamente se deterioró, la estabilidad institucional disminuyó y el respeto a la propiedad flaqueó. El espectacular aumento del precio del cobre a partir de la primera presidencia de Bachelet compensó la fuerte moderación de la productividad que ocurrió como consecuencia, por lo que la población no sintió el impacto y continuó percibiendo mejorías.

Pero el país estaba en un punto de inflexión; sin mejorías externas como la vivida en el pasado, el nuevo período de Bachelet debía dar un vuelco para relanzar la productividad si quería crecer a la par de lo que la población ya estima es un derecho. De seguir al ritmo conocido desde el 2000, el crecimiento de tendencia apenas se acercaría al 3,5%, insuficiente a todas luces. El choque entre realidad y expectativas podría ser dramático y poniendo en riesgo incluso la estabilidad.

Sin embargo, las autoridades decidieron dar un vuelco en el sentido inverso: transferir el poder hacia el Gobierno, desde algo tan básico como la educación en donde ahora los padres tendrán menos que decir hasta en el ahorro e inversión con violentos cambios tributarios y generar inestabilidad en los derechos de propiedad en todos los sectores a la vez que incertidumbre en las reglas del juego. Todos los días aparece una propuesta nueva -quitarles el derecho a decidir a los trabajadores y pasarlo al sindicato, un impuesto a la acuicultura, a la forestación, a la generación hidroeléctrica- que va en sentido equivocado. Más aún, en el plano institucional se avanza en el camino que ya se ha visto en otros países latinoamericanos empezando por cambios al sistema electoral y al financiamiento público de la política, y como broche de oro, reforma a la Constitución. Todo ello consiste en un círculo que por un lado concentra poder discrecional en la autoridad de turno y por otro les facilita perpetuarse con el monopolio del mando.

En este entorno, la productividad no tiene más chance que ralentizarse aún más y el crecimiento de tendencia, caer. Se insinúa un escenario mucho más precario y volátil para el país del futuro. Si bien las condiciones macroeconómicas aseguran que no tendremos en lo inmediato crisis agudas, tampoco podemos esperar una recuperación vigorosa que se sostenga. Avanzaremos más lento, y la mezcla de ello con los cambios de políticas institucionales y los deseos de progreso de la población abren escenarios futuros que antes eran impensados. Desgraciadamente, las expectativas negativas de los ciudadanos, que pesan en la economía, no son injustificadas como lo dice la autoridad. Son claramente realistas y racionales.

Las fuerzas internas que acabamos de describir interactúan con el contexto económico externo. En este plano hemos visto acontecimientos importantes en el último tiempo. Una caída continuada del precio del petróleo con algunos repuntes a comienzos de la semana pasada. Una decisión más radical que la esperada del Banco Central Europeo (BCE) para expandir su balance y la elección de un gobierno en apariencia rupturista en Grecia. Nada de ello nos hace cambiar respecto a lo que Chile debiera esperar del resto del mundo. Los riesgos de crisis sistémicas están definitivamente atrás y Grecia no desestabilizará el euro. En realidad el problema lo tienen ellos, que necesitan a Europa.

La caída del petróleo no es signo del ingreso a una nueva recesión y debiera en el margen apurar la recuperación puesto que favorece a los consumidores mundiales. La decisión del BCE unida a lo que continúa haciendo el Banco de Japón y al camino inverso que luego tomará la Fed significan un cambio relativo entre las grandes áreas pero no implican traumas ni riesgos inminentes. Hay ganadores y perdedores, y por ello aumenta la incertidumbre en los mercados, pero luego estos debieran asentarse.

Como dijimos, los consumidores del mundo en general se benefician y los países exportadores de crudo y las compañías del sector se afectan negativamente. Con la nueva dirección de la política de los bancos centrales y el alza del dólar se debiera cerrar la brecha de crecimiento entre EE.UU., Europa y Japón.

China, como importadora neta de energía, se beneficia, pero su evolución interna augura que será menos dinámica que en el pasado. Por primera vez en mucho tiempo la meta de crecimiento del Gobierno no se alcanzó. Por ello el futuro del cobre y otras materias primas es menos auspicioso para Chile y en general Latinoamérica es del grupo de los menos favorecidos, aunque para países como el nuestro ello se compensa con el menor costo de energía de la que somos importador neto.

En síntesis, no hay cambios radicales para nosotros en lo que el mundo nos ofrece. Menos viento de cola por el cobre pero con energía más barata y con nuevas oportunidades ante la recuperación de áreas importantes de la economía mundial. Lo que logremos finalmente depende de nuestras propias decisiones de política. Lo que vemos en este plano, por ahora, no es muy auspicioso.