El proceso de reflexión ciudadana y consulta con los pueblos originarios -conforme al Convenio 169 de la OIT- respecto de la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas culminó recientemente con la proposición del Gobierno de ingresar un proyecto de ley durante el primer semestre de este año.

Este tendría la tarea de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los instrumentos internacionales ratificados por Chile en materia indígena, además de planificar, desarrollar y coordinar la ejecución de las políticas y medidas especiales que aseguren a estas etnias gozar, en igualdad de condiciones, de los derechos y oportunidades que la ley ofrece a los demás miembros de la población. Para ello consideraría nueve consejos, correspondientes a cada etnia reconocida oficialmente, y un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, además de una renovada Conadi, encargada de implementar las políticas adoptadas por el ministerio.

Desde ya, y frente a la futura discusión legislativa de esta iniciativa, surgen tres inquietudes importantes: la idea de un ministerio más (que se agregaría a Mujer, Cultura y probablemente Ciencia), la poca claridad de la política indígena de largo plazo que amerite su creación y la propuesta en paralelo de establecer un sistema de representación parlamentaria indígena.

Respecto de lo primero, al parecer el país está siendo atrapado en una cierta lógica -lamentablemente extendida en la región- según la cual cada vez que surge un tema de discusión nacional la forma de canalizarlo es la creación de un ministerio. Pero estos deben insertarse en un esquema institucional, con una burocracia y un formalismo procedimental que muchas veces entorpecen más que ayudan a resolver los problemas. En relación con lo segundo, más allá de la política de compra de tierras -cuyas limitaciones y efectos Chile ya ha comprobado después de dos décadas de aplicación-, no se advierte cuál es el objetivo de largo plazo que el país tiene al respecto, necesario de despejar antes de seguir construyendo institucionalidad.

La representación parlamentaria, por su parte, ofrece facetas contradictorias. Sus impulsores estiman que contribuiría a dotar a los pueblos indígenas de un canal de expresión dentro de la institucionalidad, contribuyendo a aislar a los grupos violentistas y antisistémicos; el costo de ello, sin embargo, pasa por la posible vulneración del principio constitucional de igualdad ante la ley, aparte de las dificultades prácticas de su implementación (¿constitución de distritos especiales?, ¿otro sistema de cuotas?). 2015 suma un nuevo tema de debate a su ya nutrida agenda.