La dirigencia del fútbol chileno y el periodismo deportivo han sostenido históricamente una relación de mutua necesidad. Tensa, la mayoría de los mandatos; odiosa cuando a los periodistas se les ha perseguido hasta las redacciones; hostil si a la antipatía se le sumaron los fracasos. Son contados los directivos que se pueden jactar de haber sido tratados con consideración, y son muy pocos los reporteros que construyeron vínculos estrictamente profesionales con los dirigentes, donde cada cual comprendiera sus funciones. Ambos actores por definición han representado en la interacción papeles poco confiables, porque la naturaleza de cada rol obliga a tomarse licencias que en el registro no son gratuitas, pero que a unos les ha servido para seguir gobernando y a otros para seguir informando con la mayor veracidad posible.

No puede ser esta administración la excepción. Y tampoco debería serlo, porque las partes no han perdido sus identidades ni sus cargas positivas y negativas. Si bien no debe haber ningún periodista que alguna vez se haya dejado llevar por su opinión para informar sobre la dirigencia, no hay directivo alguno que pese a un bien superior haya entregado información que perjudique sus intereses o los de sus socios afines.

Se equivocan Jadue y sus subordinados, entonces, si esperan que la prensa seria adopte una actitud contemplativa porque su gestión ha estado acompañada de éxitos deportivos. Si Jadue pretende darle solo una dimensión estadística a su mandato, tal vez se retire decepcionado con el correlato mediático que tendrán sus gobiernos. Pero quien ostenta un cargo político -y el del presidente de la ANFP lo es, aunque no lo contemple el establishment institucional de nuestro país- no puede perderse ni dejarse llevar por el coro de lisonjeros que lo envuelve, ni tampoco sentirse agredido o amenazado cada vez que se le critica o pregunta por algo. Más aún si ese algo es un tema donde su credibilidad y transparencia están en duda, pues, en rigor, debe conducirse siempre como si cada una de sus acciones y decisiones referidas a su cargo fueran públicas y estuvieran sometidas al escrutinio del rol fiscalizador que adquiere la prensa en estos casos.

Refugiarse en que la ANFP es una corporación privada a la que solo sus socios tienen derecho a acceder es sembrar la duda, la sospecha, el rumor. Jadue ha demostrado tener inteligencia social y sentido común para ascender en la escala directiva. No es un tipo ingenuo, posee habilidad política y manejo comunicacional. Pero no ha cuidado las formas ni los tiempos, por ejemplo, para explicar en su debido momento y no por la presión de los medios sus nexos financieros con un empresario que hoy está condenado por fraude, o para no abogar por el retorno al acceso público al debate y las votaciones durante los Consejos de Presidentes, y así transparentar las materias tratadas en ellos, los informes de las comisiones revisoras de cuentas, arbitrales, de competiciones, de seguridad, de asistencia a los estadios, del control al que son sometidos los hinchas al ingresar a los recintos y un largo etcétera.

Jadue debe entender que ante un ciudadano empoderado y cada día más indignado con el abuso y la corrupción, las instituciones y sus responsables tienen la obligación de abrir sus puertas. Y no ver esta apertura como una pérdida de poder o una concesión a la prensa, sino que como un compromiso con su cargo.