Señor Director:

La Constitución de 1980 y la legislación electoral dictada antes de 1990 distorsionaron de tres graves maneras el valor o peso relativo del voto en las elecciones de diputados y senadores: al determinar que el 20% del Senado no sería elegido por sufragio universal (algo que duró nada menos que hasta 2005), al dar igual número de parlamentarios al pacto que obtuviera el 66% y el 34% de los votos (el alma del binominal), y al diseñar los distritos y circunscripciones electorales teniendo a la vista donde habían ganado el "Sí" y el "No" en el plebiscito de 1988 (de manera que zonas rurales de baja población y electores, en las que había ganado el "Sí", eligen hasta hoy el mismo número de representantes que zonas densamente pobladas en las que había triunfado el "No").

Lo insólito es que el mismo sector político que apoyó ese esquema recurra ahora al Tribunal Constitucional en nombre de la igualdad del voto. Sin perjuicio de que la oposición está transformando a ese tribunal en una tercera cámara legislativa en la que pretende obtener lo que no ha sido capaz de ganar en el Congreso, lo cierto es que protestar porque en un par de regiones la igualdad del voto sería distorsionada por la reciente ley que acabó con el binominal, constituye, cuando menos, una gigantesca inconsecuencia respecto de las muchísimas mayores distorsiones electorales de las que la derecha ha disfrutado ya por un cuarto de siglo.

Hay algo que en política suele olvidarse con demasiada facilidad: autoridad moral.

Agustín Squella