Todavía no se apagan los ruidos provenientes de las reformas tributaria y educacional, pero ya el Gobierno abre un nuevo frente: la modificación profunda del régimen de negociación colectiva.

Sus razones -como en las reformas anteriores- no son claras. Si algo funciona bien últimamente, es el mercado laboral. La única cifra digna de celebrarse del 2014 es el moderado 6,1% de desempleo. Como se demostró en el cuatrienio anterior, cuando la economía marcha bien es posible crear un millón de empleos, elevar los salarios reales e incluso atenuar apreciablemente la desigualdad de ingresos, según sugieren las encuestas del INE y de la Universidad de Chile (el Gobierno aún no publica la Casen 2013).

Por cierto, nuestra legislación laboral exhibe deficiencias. Por ejemplo, tanto la Comisión Meller -convocada por la Presidenta Bachelet en su primera administración- como la reverenciada OCDE en su último informe recomiendan abrir nuestro mercado laboral a una mucho mayor participación femenina y juvenil. Contar con un mercado laboral "inclusivo" es prioritario, tanto por eficiencia como por equidad.

Casi nada de esto contiene la reforma planteada. Ella se propone endurecer la posición de los sindicatos, prohibiendo el reemplazo temporal de los huelguistas (y su descuelgue), fijando como piso para la oferta salarial del empleador el valor real de los beneficios del convenio vigente, restringiendo la negociación colectiva solo a los sindicatos, forzando al empleador -incluso pyme- a negociar con confederaciones sindicales supraempresa y limitando la libertad para extender al resto de los trabajadores las condiciones pactadas.

Nuestra tasa de sindicalización -15% de todos los asalariados del sector privado- es semejante al 17% promedio en la OCDE. Excluyendo a las pymes, más de la mitad de las empresas tiene sindicatos y negocia colectivamente. El clima laboral y las negociaciones colectivas son vistos favorablemente por empleados y empleadores, según la encuesta ENCLA.

¿Qué busca entonces la reforma? Hacer de la negociación colectiva -con gran injerencia de la autoridad política y proliferación de huelgas- un instrumento clave en la redistribución de la renta desde los emprendedores hacia sus trabajadores. Una idea "sesentera" -muy del gusto de la dirigencia comunista de la CUT- que fracasó en Chile y en el mundo, perjudicando especialmente a los más pobres. Basta con mirar hacia Argentina para advertir adónde conduce ese camino. Casi todos los países de la OCDE van en sentido opuesto: han reducido fuertemente su tasa de sindicalización y procuran una legislación laboral más flexible. Es triste reconocerlo, pero el año nuevo comienza mal. Habrá que rectificar.