Michelle Bachelet se ha propuesto llevar adelante una radical transformación de la sociedad chilena que rompe con los últimos treinta años, período en que nuestro país ha conseguido los mayores logros de su historia en materia de bienestar y calidad de vida.

Pretende, de esta manera, poner fin a lo que un destacado columnista de la plaza ha denominado la fase de "modernización capitalista" de Chile, iniciada durante el gobierno militar y con un nuevo impulso en los gobiernos de la Concertación y de Piñera.

Los ejes del programa son una nueva Constitución, cuyos contornos y alcances no conocemos, pero que reemplazaría el principio de subsidiariedad por el de un Estado social de derechos y relativiza el derecho de propiedad frente a otros; una reforma tributaria que incrementa fuertemente la tributación y que recaudaría más de tres puntos del PIB, y una vasta reforma educacional que con el objetivo declarado de fortalecer la educación pública despliega una serie de medidas que debilitan la particular y la opción de los padres de elegir el colegio donde estudiarán sus hijos.

La reforma constitucional aún no se conoce, pero las otras dos han suscitado una fuerte oposición de parte de la ciudadanía. Sólo cerca de un tercio de los chilenos respaldan las dos reformas emblemáticas de Michelle Bachelet.

Este estado de cosas nos obliga, como país, a preguntarnos: ¿Qué credenciales tenía Michelle Bachelet para plantear este radical programa que parece derrumbarse a menos de un año de su comienzo? Porque, mal que mal, la modernización capitalista chilena no es otra cosa que la aplicación de buenas prácticas con que distintos países en el mundo han logrado el desarrollo económico y social. ¿Quiénes y con qué fundamentos están planteando dejar a un lado enseñanzas que vienen de tiempos remotos y que se refuerzan a partir de la revolución industrial y de la caída de los socialismos reales?

Bueno, Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo, Alberto Arenas y Nicolás Eyzaguirre, por nombrar a los más conocidos o que detentan mayor poder y que encabezan este proyecto de aumentar el poder del Estado en todos los ámbitos a costa de las decisiones individuales.

¿Han actuado este grupo de políticos chilenos como un puñado de audaces que se atreven a desafiar el sentido común y el conocimiento acumulado sin respaldo alguno?

No, han contado con la complicidad de no pocos.

En primer lugar, con la de académicos, técnicos y pseudotécnicos que respaldaron sus propuestas programáticas. Algunos se atrevieron a proclamar la existencia de "otro modelo" en el que en muchos ámbitos el mercado se reemplazaría por la "ciudadanía", sin reparar que mercado y ciudadanía son conceptos de distinta entidad y, por lo tanto, no susceptibles de intercambiarse. Esa entelequia ha servido de pretexto para coartar la libertad de los padres para elegir el colegio donde estudian sus hijos y lleva siempre al predominio de lo estatal por sobre lo privado. Aún no conocemos, porque no se ha presentado el proyecto, los excesos a los que nos llevará en materia constitucional.

Otros, mayormente economistas, cometieron la frivolidad de impulsar una reforma tributaria que elimina el FUT, el principal impulsor del ahorro en Chile, con el pretexto de que se abusaba de él, sin comprender cabalmente las complejidades de la política tributaria y aumentando además la carga con graves consecuencias sobre la inversión y el empleo.

También contribuyeron a la consolidación del programa los líderes de la Concertación, hoy desplazados, que, sin compartirlo, no hicieron ver la insensatez de sus propuestas e inclinaron la cerviz ante la popularidad de Michelle Bachelet.

El programa ha fracasado porque tenía que fracasar, porque lo ha hecho en todas partes. Pero quienes conducen el barco no enmendarán el rumbo. Se haría un ajuste ministerial menor, pero la orquesta de la Nueva Mayoría, como en el Titanic, seguirá tocando. Dirigidos por Bachelet; Peñailillo, Arenas, Eyzaguirre y, ahora, Blanco, ejecutan una nueva melodía: reforma sindical.