La reforma laboral próxima a ingresar al Congreso puede constituir una oportunidad para promover tanto la productividad como la equidad. Ello depende crucialmente del contenido del proyecto y también de la forma en que se realice el debate.

Un poco de contexto permite ilustrar estas ideas.

En el año 2012, la CUT y la CPC suscribieron una “Declaración de Voluntades” e identificaron temas del ámbito laboral en los que ambas estaban dispuestas a avanzar.

El documento incluye aspectos diversos, desde la seguridad en el trabajo hasta el multi-RUT. También considera acuerdos sobre la sindicalización y la negociación colectiva.

En particular, suscribe que la negociación colectiva es “la principal herramienta a través de la cual se canaliza el diálogo social entre trabajadores y empleadores” para lo cual proponen “fortalecer al sindicato como el principal sujeto de la negociación colectiva”.

El acuerdo también reconoce que el procedimiento actual de negociación colectiva requiere de una profunda revisión y que, en la medida en que haya sindicatos representativos, se puede ampliar las materias a negociar.

El programa de la entonces candidata presidencial Evelyn Matthei concuerda con estas ideas, al proponer fortalecer la negociación colectiva para que “trabajadores y empresarios puedan llegar a acuerdos favorables para ambas partes”.

En particular, sugiere que al interior de la empresa “los sindicatos puedan negociar algunas materias relativas a jornada de trabajo y horarios, que sean de su exclusiva negociación”.

Con unas pocas excepciones, desde la recuperación de la democracia las reformas han puesto el énfasis únicamente en la regulación y ampliación de los derechos laborales a nivel individual.

El acuerdo suscrito por la CUT y la CPC y el programa de la candidatura de la derecha sugieren que se puede avanzar en temas colectivos, entre ellos, en lo referido a jornadas. En otras palabras, no se trata de una agenda sólo de las organizaciones sindicales.

Revisar la regulación de la organización de los ciclos de trabajo y descansos en la empresa puede introducir mayor productividad y equidad, si ello cuenta con un amplio apoyo de los trabajadores, idealmente representados por sindicatos.

Las economías son dinámicas y los sectores productivos, heterogéneos. A pesar de ello, la ley supone que la organización de la jornada en torno a las 45 horas semanales es adecuada para todos y en todos los periodos del año y estados del ciclo económico.

Ante ello, a lo largo de los años y del avance económico, el Código se ha llenado de excepciones dadas a ciertos sectores y ocupaciones, intentando reconocer esta diversidad.

Al mismo tiempo, la Dirección del Trabajo crecientemente otorga permisos especiales para organizar la jornada de formas distintas a lo estipulado en el Código. Por cierto, para obtener estos permisos se debe contar con el acuerdo expreso de las organizaciones sindicales cuando existan y de los trabajadores no sindicalizados.

Si bien no se conoce los detalles de la reforma, un elemento central debe ser el permitir estos acuerdos sin la necesidad de tener que acudir a permisos excepcionales de la autoridad.

En este contexto, la reacción de algunos ante el posible avance de los temas colectivos parece más bien automática. En tono de advertencia dicen que elevar las capacidades sindicales sólo subirá los costos laborales, afectando negativamente el empleo. Incluso algunos han pedido eximir a las empresas de menor tamaño de estos cambios. Sin embargo, muchas veces las empresas pequeñas deben dejar pasar oportunidades productivas porque tienen copadas las horas extraordinarias.

¿Por qué impedir que algunos trabajadores y empleadores puedan acordar condiciones que se ajusten mejor a su propia realidad? Estas diferenciaciones por tamaño de la empresa implicarían, por lo demás, que trabajadores similares tendrían derechos distintos.

Es válido preguntarse si el ambiente económico y político actual es adecuado para iniciar este debate. El gobierno ha señalado que, independiente de ello, es su intención avanzar ahora en estos temas.

Se trata de una reforma que puede ser beneficiosa para la productividad de las empresas, el empleo y las condiciones laborales de los trabajadores.

Instaurar una mayor capacidad de diálogo entre sindicatos y empleadores puede también ayudar a evitar que el mercado laboral se ajuste mayormente vía empleo en la parte baja del ciclo.

Sin embargo, el contenido detallado del proyecto y la forma del debate tendrán efectos tanto en la reforma a la que se llegue como en el ambiente que se genere en torno a ella.

Los cambios afectarán a los millones de personas que conforman la fuerza laboral y a los cientos de miles de empresas en el país. Para darles viabilidad política se requiere del apoyo amplio de la ciudadanía desde el inicio y también durante toda su discusión.

Este será el mayor desafío que enfrente el gobierno para lograr una reforma exitosa.