Dos de cada diez alumnos de cuarto básico matriculados en colegios en el 10% de peor Simce terminan rindiendo la PSU al final del ciclo escolar. Ocho de cada diez lo hacen en los establecimientos en el 10% de mejor Simce. Triste contraste.

Esquivar un problema escondiéndolo no es una buena práctica en políticas públicas. Ese es el gusto que dejan los cambios recién aprobados por el Congreso respecto de las pruebas Simce. Los resultados existirán, se les informarán a los colegios, pero las familias solo conocerán los promedios comunales.

Por supuesto, la idea ha sido bienvenida por quienes batallan contra la "mercadización" de la educación. Para ellos el Simce fomenta la competencia, por lo que limitar su publicación "va en la dirección correcta". No se preguntan qué evitará que los colegios "filtren" resultados o cuáles son las implicancias para la Ley de Transparencia. Otros van incluso más allá planteando derechamente el término de las pruebas estandarizadas. Yo prefiero el análisis más desapasionado.

Los problemas con las pruebas tipo Simce no son novedad. En exceso y con un sistema de incentivos deficiente, estas pueden afectar negativamente el proceso educativo: Al colegio le puede convenir que los peores alumnos no las rindan y el docente tiene incentivos de enseñar solo para ellas. Por cierto, sabemos que el gremio entiende de incentivos, si no pregúntele a su directiva (disculpe la digresión, pero no me contuve). Como sea, el tema genera amplio debate en todo el mundo y Chile no es la excepción.

En nuestro sistema educacional medimos bastante, quizás demasiado, por lo que es aconsejable revisar la frecuencia de nuestras pruebas. A esto hay que agregar la atrasada discusión respecto del contenido de las mismas (¿miden calidad?) y el análisis global de nuestro sistema de incentivos (¿funciona?). Pero de ahí a esconder información, el camino es largo. Como decía Einstein, todo debería ser hecho lo más simple posible, pero no más que eso.

Establecida la necesidad de revisar el instrumento, vamos al fondo del asunto. Quienes creen que un velo de ignorancia corregirá los problemas del Simce cometen un error básico: Un instrumento no puede cumplir dos objetivos. El sistema educativo requiere información para mejorar sus procesos y, al mismo tiempo, los hogares demandan saber el desempeño de sus hijos. Al Simce se le ha pedido lo imposible: Cubrir ambos flancos. Esta es la verdadera fuente de tensión. Por eso la decisión del Congreso es errónea. Con algo de suerte e ingenio, esconder la información cubrirá al primero, pero con certeza no al segundo. Así, la discusión debe ser otra: qué, cómo y para qué medir.

Termino con un "detalle". Ante la magnitud de los cambios que se discuten sobre el sistema, ¿por qué limitar el acceso a la información? Seguro las familias querrán conocer el impacto de la reforma. Estamos educando a personas, no avestruces.